Para saber cómo marcha nuestra economía, a los vecinos de Santiago nos ha bastado últimamente pasearnos por sus calles comerciales y comprobar que varios negocios históricos han echado el cierre uno tras otro en una trágica caída en dominó. Esa epidemia, que va dejando a docenas de personas sin trabajo, no se reduce, claro, a Santiago o a Galicia, sino que es general en toda España, donde los parados se cuentan por miles cada día, lo que expresa la envergadura del desastre en que está sumido este país. Un desastre del que no saldremos, desde luego, con huelgas generales sino, acaso, y tras muchos esfuerzos, aceptando la evidencia de que España necesita un gran pacto social entre el Gobierno, los partidos y las organizaciones empresariales y sindicales.
El Gobierno alega que tiene plena legitimidad para adoptar las medidas que estime necesarias y no seré yo quien lo discuta, como tampoco quien lo responsabilice, después de menos de cien días de gestión, de la crítica coyuntura de nuestra economía como consecuencia de la política nefasta e irresponsable del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero, dejémonos de historias, no es esa la cuestión.
La cuestión es que la extrema gravedad de la situación que atravesamos y las escasas perspectivas de que, de seguir así -no digamos ya de producirse una explosión de conflictividad social-, las cosas vayan a mejorar en un plazo razonable, impide seguir con la política de la confrontación en el que todo el mundo va a lo suyo: la patronal a sacar la mayor tajada de las reformas presentes y futuras y los sindicatos a cargar contra el Gobierno del PP para lavarse así la cara de su vergonzosa connivencia con el Ejecutivo durante la etapa del PSOE.
En 1977 las principales fuerzas políticas del país y algunas fuerzas sociales (no, sorprendentemente, la UGT y la CEOE) cerraron un gran acuerdo -los Pactos de la Moncloa- cuyo objetivo esencial era «equilibrar la economía y la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso»: dicho de otro modo, hacer compatible la salida de la grave crisis de la época con la consolidación del Estado democrático.
Con la democracia ya consolidada, por fortuna, el objetivo del gran pacto social que necesitamos con urgencia -y que quien esto firma reclamó ya durante la última etapa socialista, cuando fue evidente la dureza extrema de la crisis- es otro, pero no mucho menos importante: conseguir salir de la crisis sin destruir el Estado de bienestar que hemos logrado edificar en las tres última décadas. Para ello todos habrán de hacer concesiones: Gobierno, oposición, patronal y sindicatos. Pero si en lugar de la generosidad y la cordura prevaleciera finalmente el egoísmo y la demencia, habremos dado un paso de gigante hacia un abismo del que quizá nos cueste décadas salir.