No sé qué es peor, que te olviden cuando no quieres o que te recuerden cuando no lo deseas. Sobre el derecho a ser ignorado la televisión ofreció hace años un testimonio contundente. Fue en Quién sabe dónde, aquel reality con disfraz de servicio público que localizaba desaparecidos. Las pesquisas del espacio dieron con un perdido cuya familia había construido el habitual discurso angustiado en torno a la inquietante perturbación que deja atrás quien se esfuma sin dejar pistas. Pero en este caso el extravío había sido voluntario, y el contumaz empeño del programa, un contratiempo que obligó al hombre a recordarle en público a su esposa que cuando dejó la puerta de casa a las espaldas respiró aliviado. Estaba hasta el gorro de lo que habitaba tras la cerradura.
Olvidar es casi siempre una estrategia de supervivencia individual. Pero conseguir que nos olviden se ha complicado mucho en este nuevo mundo con mil puertas. Cada vez que se entra en Google, se dibuja un rastro indeleble que se nos puede aparecer cuando menos lo deseemos. El problema tiene tela. Hay pocas cosas tan inquietantes como un archivo permanente y desconocido de nuestros actos. Por eso el derecho al olvido se ha convertido en una cuestión de Estado, un desafío para la Audiencia Nacional que quiere proteger a ciudadanos que, como el tipo al que buscaba Lobatón, no quieren ser encontrados, personas que reclaman el borrado de esa otra huella digital más compleja que la que imprimen los dedos.
Una singularidad de los tiempos, esta de tener que proteger el olvido. Porque hasta ahora el desafío había sido, precisamente, evitarlo.