Primer objetivo, conseguido: la señora Merkel, que parece española por lo que manda aquí, ha bendecido la reforma laboral. Según ella, traerá más empleo, más competitividad y un mayor crecimiento del país. Si la reforma fuese hecha para extranjeros, el Gobierno Rajoy se habría apuntado un gran éxito. Como, además, está hecha para españoles, este cronista necesita expresar una pena ante la felicidad de la canciller alemana: el ministro Cristóbal Montoro no cree que la reforma, por sí misma, vaya a crear empleo.
Segundo objetivo, al alcance de la mano: los empresarios están satisfechos. Aunque ayer sus dirigentes no quisieron hablar después de verse con la ministra Báñez, expresan su contento en declaraciones sueltas. Frases como «va en la buena dirección», «la valoración es positiva» o «está en línea con Europa» muestran que las nuevas normas se aproximan a sus intenciones. Es una de las pocas veces en que el empresariado español coincide con un Gobierno de la nación. Ojalá esa coincidencia tenga su reflejo en la intención de invertir, aunque solo sea para aprovechar las ventajas fiscales y las subvenciones que se ofrecen para el contrato de jóvenes y parados de larga duración.
Tercer objetivo, fruto de efectos colaterales: la anulación de los sindicatos como fuerza decisiva. La decisión sobre despidos, sobre salarios, sobre destinos, sobre organización de turnos, ya no hay que consultarla ni someterla a negociación colectiva. Todo queda en manos del empresario. Con tal de acreditar tres trimestres consecutivos de pérdidas o descenso de ventas, el empresario tiene manos libres para cortar, acomodar, ajustar o remodelar. Los sindicatos pasan a ser una fuerza meramente contemplativa.
Tiene lógica, porque quien puso el riesgo ha sido el empresario, y es natural que lo administre. Si la empresa es la que crea empleo, hay que defenderla, ayudarla y hacerla viable cuando firmas están cerrando.
Ante esa evidencia, personalmente no tengo nada que oponer; pero sí una advertencia que hacer: habrá resistencias serias, porque estamos ante un cambio revolucionario en los usos, costumbres, leyes y quizá vicios laborales. Yo no pido grandes rectificaciones, pero sí grandes explicaciones.
La reforma puede ser buena, si se consigue explicar y entender. Ante una transformación así, se impone un extraordinario esfuerzo didáctico. No basta con decir que la reforma es correcta, profunda, equilibrada o útil. Si la difusión se basa solo en una colección de calificativos, cualquiera puede oponer también los adjetivos contrarios: abusiva, estéril, escorada o inútil.
Si el Gobierno no hace esa tarea divulgativa, no sería extraño que desembocara en una grave confrontación social.