El Gobierno indulta al preso más antiguo de España. Lleva en prisión desde 1966, salvo algún pequeño intervalo de libertad, por la comisión de numerosos ilícitos penales, entre ellos varios intentos de fuga. ¿No iba siendo hora de que, tras cuarenta y seis años de prisión, sin un solo delito de sangre en su historial delictivo, se dejara en libertad a este hombre para que pueda pasar los últimos años de su vida junto a los suyos? ¿No debiera resultarle bochornoso a nuestro Estado de derecho que Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, pueda estar en menos de diez años en la calle, y este hombre exclusivamente por apropiarse de lo ajeno, lleve casi medio siglo entre rejas? ¿Y De Juana Chaos, que tras cometer veinticinco asesinatos fue condenado a casi tres mil años de prisión, de los que cumplió poco más de dieciocho?
Realmente, si me abstraigo de mi condición de jurista, puedo fácilmente entender que todo esto suene a cachondeo. ¿Alguien duda de que si este hombre dispusiera de recursos económicos para hacer frente a un eficiente letrado no hubiera permanecido casi cinco décadas enjaulado? Mientras hechos como estos sigan aconteciendo, los índices de credibilidad de la Justicia estarán por los suelos. Habrá que recordar a los miembros de Gobierno que el indulto es una posibilidad que se les reconoce en nuestro ordenamiento jurídico. Pero para aplicar no solo a importantes banqueros, sino también a rateros de poca monta.