L a relación con la Justicia de la mayoría de los ciudadanos siempre ha sido cautelosa. No sé si por la incertidumbre que encierran las actuaciones judiciales o porque aún subyace en la memoria colectiva la amenaza del desacato. Cuando escucho a políticos, gobernantes o implicados enfatizar ante los medios su «acato la decisión judicial«, o el «confío en la Justicia», no puedo evitar una sensación de mera afirmación formal.
Por ello, al ver al juez Garzón ante un tribunal como el Supremo, entiendo que el poder judicial no es cualquier cosa. En primer lugar por lo desacostumbrado del hecho. Nunca, al menos por causa de hechos que tengan que ver con el ejercicio de su poder jurisdiccional, se ha sometido a un juez a tal linchamiento.
Se añade a ello que estos enjuiciamientos recaen en la figura singular del juez Garzón, que encabezó la poco afortunada entrada de los jueces en la política institucional, parlamentaria o gubernamental, de las postrimerías de los Gobiernos de Felipe González, para volver luego al ejercicio judicial.
Pero no se engañen, este juicio y los que vendrán sobre el juez Garzón poco o nada tienen que ver con la Justicia. No al menos con lo que los ciudadanos deseamos que sea la Justicia y quienes la administran. Este juicio, y lo que vendrán, tienen que ver con el corporativismo y los malos aires enquistados en la judicatura, y sobre todo con marcar en la persona de Garzón el aviso, la amenaza, y las lindes de aquello que los poderes ocultos asociados a los partidos y a la sociedad no desean que se investigue.
Garzón es una personalidad controvertida, pero no desde luego el prevaricador que pretenden hacernos ver.
En la democracia española hay santuarios intocables y uno de ellos son las finanzas de los partidos, pues en torno a ellas y al uso y mal uso de los dineros gestionados desde las Administraciones se han construido intereses y elementos de poder.
En la democracia española hay santuarios intocables, y otro es la gestión, y organización del poder judicial, y el enredo permanente al que los partidos someten su modernización y control, sea en la renovación de sus órganos, como el Consejo o el Tribunal Constitucional, o en los siempre poco claros mecanismos de promoción en la carrera judicial, e incluso en la siempre aplazada reforma de los procedimientos e instrucciones judiciales.
De todos esos santuarios intocables y de los malos usos de la judicialización de las decisiones políticas se derivan los males que debilitan nuestra democracia. Los juicios a Baltasar Garzón apenas son un crudo aviso para navegantes.
Por haberse atrevido a escudriñar en tales males. ¿Quién confía en la Justicia?