M e resulta indiferente que el Estado haya pagado un crédito de la Comunidad Valenciana; que lo haya avalado, como dicen otras fuentes, o que simplemente haya echado una mano porque no se podía pagar. Lo importante es que el problema existió, que había dificultades para hacer frente al vencimiento y que resultó agónico su pago. La pregunta inmediata es cuántas autonomías pueden tener ese problema ahora mismo o cuántas acumulan boletos para tenerlo en el futuro. Dicho en palabras del molt honorable don Artur Mas, que no pierde comba para mostrar su desapego de España: cuántas autonomías tendrán que ser intervenidas por el Estado español.
De momento, lo que han hecho las autonomías más derrochadoras (entre las que, por cierto, no está Galicia ni de lejos) es intervenirnos a todos. Por el desfase de sus cuentas, según las explicaciones del señor Montoro, el déficit público se encaramó al 8 %, y usted y yo vamos a pagar más impuestos durante un mínimo de dos años. Cuarenta y siete millones de ciudadanos, pagando el dispendio de unos cuantos gobernantes. ¡Viva el sistema! Esto es como una derrama para afrontar una avería causada por un vecino, pero que solidariamente pagamos todos. Y es tal la urgencia del pago que debemos hacerle frente antes que resolver urgencias como el paro o los alicientes a la inversión.
Estén ustedes preparados para cualquier sobresalto, por lo que ayer conoció este cronista: el número, finalidad y pérdidas de las empresas públicas creadas bajo el manto autonómico. Se trata de una auditoría de la empresa Russell Bedford, que, añado una vez más, también en este aspecto salva a Galicia. Número de empresas públicas autonómicas: 2.671. Finalidad política: tener una especie de comedor de Cáritas a lo rico, donde pueda darse de comer al afiliado y desde donde corresponder a favores sin que parezca corrupción. Finalidad económica muy habitual: un sencillo mecanismo montado con la perversa intención de disimular o camuflar el gasto porque, según la auditoría, sus resultados no consolidan con los presupuestos regionales. Y resultado práctico: esas empresas del poder deben la friolera de 15.000 millones de euros. Quitamos 600 millones de euros a la investigación para perder treinta veces más en chiringuitos.
En resumen: se ha creado una telaraña empresarial pública descontrolada. Y ahora que vienen duras, ciérrenla ustedes. Cierren 2.671 empresas. Manden al paro a sus empleados. Y sobre todo: paguen al mismo tiempo los 15.000 millones de deudas que han acumulado. El ministro De Guindos dice que no, pero nos acabarán subiendo el IVA. De algún bolsillo habrá que seguir extrayendo dinero para pagar tanta alegría y tanta frívola colocación.