SOMOS UN país con una excesiva propensión a realizar continuos cambios (educativos, fiscales, sanitarios, en investigación, urbanísticos...) que, con demasiada frecuencia, hacen imposible recoger el fruto de lo sembrado. Pero, en ese océano de provisionalidad administrativa, también resisten algunos islotes contra viento y marea. En el año 1833 -si mi referencia no es errónea- una reforma liberal de la Administración española dio vida a las provincias, al año siguiente a los partidos judiciales y tres años más tarde a la división municipal. Su talante liberal en Galicia puede rastrearse aún en que las ciudades arzobispales de Tui o Compostela no lograron el estatus de capital de provincia. Compostela tuvo que ceder frente a la ciudad de A Coruña, y Tui frente a Pontevedra (aunque en este caso sea dudosa una decisión liberal que no optó por Vigo). Estamos en el 2007 y la organización territorial sigue siendo, en esto, básicamente la misma. ¿Tendremos aquí un ejemplo de virtuosa estabilidad frente a aquella provisionalidad de la que comencé hablando? No lo creo, me explico. Por un lado, si bien a finales del siglo XVIII un Estado centralizado y centralista buscaba su identidad y modernización, en el tercer cuarto del siglo XX nos dimos una Constitución que lo descentralizó en diecisiete comunidades autónomas; desde ese momento, creo que pasó a ser algo obsoleta la división en cuatro provincias. Además los trasvases demográficos, los cambios de las actividades económicas entre lo rural y lo urbano, la congestión y concentración de la población en unos ayuntamientos, la despoblación de otros... han sido gigantescos en esos ciento setenta años. Cabría suponer que han hecho virtuales a muchos ayuntamientos y desbordado a otros. Y, sin embargo, las provincias siguen ahí con sus diputaciones y sus partidos judiciales, continuamos teniendo algo más de trescientos ayuntamientos (es tema tabú plantear fusiones) y apenas se empieza a hablar tímidamente de cómo reconocer y potenciar realidades imparables como nuestras conurbaciones urbanas (de Vigo a Vilagarcía o de A Coruña a Ferrol) o nuestras áreas metropolitanas. Algo así como si al primer traje de un adolescente nos empeñáramos en que le siguiese siendo útil en plena madurez. Me temo que, en vez de aprovechar la ocasión de tanto tiempo sin cambiar de traje para ponernos al día, todos y cada uno de los municipios argumenten que tienen razones para seguir existiendo unas décadas más, y así esquivar una fusión con un vecino o su desaparición en una comarca (tal como permite nuestra actual legislación y Estatuto). Y que por su lado, las diputaciones aferradas a una -a corto plazo, improbable- reforma constitucional de calado sigan dificultando y viendo con recelo cualquier otra organización supramunicipal pilotada desde el Gobierno autónomo.