ANALIZANDO desde la óptica de nuestra comunidad el tema del Impuesto sobre Sucesiones, a los gallegos se nos vuelve a quedar cara de parvos (Plan Galicia, trazado del AVE, Valga, etcétera) al tener que asumir, por sólo citar un ejemplo, que el impuesto que grava una herencia en Galicia puede llegar a suponer para el contribuyente la friolera de 25 veces más de lo que desembolsaría un ciudadano en la misma situación en Madrid, o 2,5 veces más que en Castilla y León. No estaría de más hacer ver al señor presidente de la Xunta que todos sabemos que el impuesto en cuestión es de ámbito estatal y que por lo tanto sólo el Estado puede suprimirlo, pero que también conozca que somos conscientes de que en la práctica las comunidades autónomas pueden minimizarlo, y de facto lo minimizan, hasta tales extremos que queda prácticamente suprimido. ¿Por qué nos hacen soportar un impuesto de escasa recaudación, que motiva desigualdades territoriales y que estimula indeseables tentaciones de deslocalización? ¿Por qué nos resistimos a modificar esta injusta tasa? Es de todos conocido que este impuesto grava principalmente a las clases medias. Las rentas más altas están prácticamente exoneradas debido a que se excluyen de tributación las actividades productivas (no de mera tenencia de participaciones accionariales). Tanto es así que estamos ante un tributo próximo a lo que en Alemania se denomina Dummsteuer, o impuesto sobre los tontos, es decir, un impuesto pagado exclusivamente por quienes no tienen la capacidad de adquirir los conocimientos técnicos para eludirlo, según apuntan desde la Asociación Española de Asesores Fiscales. Teniendo en cuenta que se trata de un tributo al que normalmente preceden otros dos, el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio, el efecto multiplicativo que tiene sobre la carga fiscal que soportan las personas sujetas a él constituye un freno a la inversión y al ahorro. Supongo que la poca predisposición del presidente Touriño a cambiar algo al respecto no sólo responderá a motivos de consenso con sus socios del bipartito, sino también a las directrices de Ferraz, pero aunque pueda parecer ingenua mi aseveración, antes de la fidelidad al partido deben primar los intereses del electorado, ese colectivo que en gran cantidad de casos se ve obligado a solicitar créditos para hacer frente a nuestras autóctonas y escandalosas tasas. Sin restar legitimidad alguna al bipartito, en Galicia debe tenerse en cuenta que el grupo popular, a pesar de estar en la oposición, cuenta con 37 diputados, frente a los 25 del grupo socialista y a los 13 del BNG, y a la hora de hacer modificaciones a la norma contarían con su apoyo incondicional. Anímese, señor presidente; seguro que en las próximas autonómicas las urnas le recompensarán por ello.