LAS NUEVAS mayorías que son posibles en ciudades, diputaciones y un centenar de ayuntamientos de Galicia se han de conformar con la suma de dos fuerzas políticas que ya gobiernan la Xunta. Por muchas razones, tenemos una oportunidad que no debiera ser desaprovechada como una simple ocupación e intercambio de alcaldías más un reparto de las áreas de gobierno. Si tal bigobierno ha sido un sesgo y error, en mi opinión, del bipartito en la Xunta, no debiera trasladarse a la Administración local. Porque el resultado electoral creo que ha penalizado las tentaciones para no colaborar o compartir, para, en un sentido cabal, no sumar. Sumar exige, de entrada, que donde había dos programas marco distintos y ahora ya respaldados (con un 30 y 20 por ciento, respectivamente) por el electorado, surja un acuerdo marco para el cambio del gobierno local en Galicia. Acuerdo que al tiempo que evite pactar gobiernos locales que no suscriban tales mínimos debe permitir los desarrollos y concreciones que aconseje cada municipio. Sólo así el 50% del electorado podrá entender los objetivos colectivos que respalda con su voto y, sólo así también, el resto de la sociedad podrá respetar lo que significa esa suma para el cambio. Un capítulo central de tal marco común debe ocuparse de la ordenación del territorio y del urbanismo. Por un lado, de los objetivos y criterios para la protección del litoral y, por otro, de las políticas de suelo urbano y de recalificaciones. Como resultado de ello, que las propuestas y decisiones al respecto (de los ayuntamientos y la Xunta) sean homologables, y no trajes a la medida, desde Vigo a Lugo, pasando por el Val Miñor o A Mariña. También aquí entrarían los objetivos mínimos y las prioridades para el acceso a la vivienda protegida y de alquiler. En ordenación del territorio, el marco común ha de enfrentar la cuestión de las áreas urbanas y metropolitanas y debe hacerlo poniendo a las diputaciones al servicio de aquellas y procediendo a una consensuada reforma del mapa comarcal vigente. Y hacerlo con razones que sean comprensibles: porque las dotaciones de suelo industrial no pueden ser minifundistas, porque la oferta educativa o sanitaria especializada no puede ser de calidad a escala de un municipio, o porque en la gestión de residuos, protección civil o defensa contra incendios sucede lo mismo. No me extenderé más en otros contenidos fundamentales de tal acuerdo. Sí en nombrar una consecuencia virtuosa del mismo: limitar al máximo las tentaciones clientelares de una estrategia de reparto del poder (que consistiría, por desgracia, en sólo sumar para repartir). Que mis consellerías primen a mis alcaldes y/o a mis concejales e, incluso, asignar áreas de gobierno municipal a cada partido en función de quién las controle desde la capital de Galicia. Hacerlo así sería multiplicar por dos lo peor de la herencia recibida.