EN UN país que se gastó la pasta de la UE en fuegos de artificio y cidades da cultura, y que tiene las Rías Baixas al borde del caos ecológico por sus vertidos salvajes, la Justicia acaba de darle un escarmiento al Estado, a la Xunta, a los grandes concellos y al sursuncorda metiéndole un puro de cuatro años de prisión y 250.000 euros de indemnizaciones y multas al empresario Jesús Lence, porque una tormenta colapsó la depuradora de su fábrica, y porque no encendió los alternadores que podían aminorar el vertido al río Tórdea. El grave delito del señor Lence consistió en matar -por imprudencia o negligencia- 127 docenas de truchas y 145 docenas de bogas, cosa que parece más grave que contaminar la Ría de Vigo, arrasar los bancos marisqueros o desterrar de las rías la práctica totalidad de la pesca. No se trata de quitarle gravedad a los problemas ecológicos, ni de atacar la idea de que dichos problemas, considerados en cierta cuantía o reincidencia, puedan ser abordados desde el derecho penal. Sólo quiero poner en cuestión la proporcionalidad y la contextualización social de una sentencia que, por arte del purismo judicial que nos invade, cae como una bala perdida sobre un empresario que vive en un país atestado de vertederos ilegales; que no es capaz de tratar los residuos que recoge; que mantiene sin tratar ni reciclar los vertidos del Prestige; que tiene sus ríos llenos de colchones podridos, neumáticos y neveras oxidadas; que vierte al mar los residuos urbanos de sus mayores ciudades; que tiene más de la mitad de los concellos sin depuradora y la mitad de las depuradoras sin funcionar; que vierte a los ríos millones de litros de purín y restos de abonos químicos; que tiene las fábricas de celulosas en el banco marisquero de Lourizán; que quema montes y entierra ríos y regatos sin cuento, y que ha expulsado de sus estuarios el salmón, la lamprea y la angula. Pero todo esto lo arregla la Audiencia de Lugo metiéndole cuatro años de cárcel a Jesús Lence, para convertirlo en el chivo expiatorio de una Galicia en la que todo es posible, menos tener un fallo técnico que suena a excepcional en la trayectoria de una empresa. La mentalidad del paleto no se ve sólo en las ferias de San Froilán, sino en estas sentencias puristas y posmodernas que, ajustadas con toda seguridad a la letra de una ley mal hecha -pero legítima, como dicen en las tertulias de Madrid-, resulta ser un fiasco monumental cuando se pierde la perspectiva del mundo y se hacen juicios en la estratosfera. Porque, lejos de ser ejemplar para la cultura ecológica, esta lamentable sentencia sólo sirve para demostrar que, como dice el adagio latino, «corruptio optimi, pesima».