NI UN día sin discusión política. Ni una hora sin argumento para la bronca entre PP y Gobierno. Ni un minuto sin ETA y Batasuna en el debate electoral. Y además, siempre hay un motivo para la pelea encarnizada. Ya pueden los candidatos locales esforzarse en hacer una campaña pegada a los intereses de sus vecinos, que siempre habrá un gran líder nacional que lleva estos asuntos a sus discursos, como si Zapatero o Rajoy fueran los auténticos candidatos del día 27. La última razón es también la última herejía: un dirigente de Batasuna ha pedido el voto para Acción Nacionalista Vasca (ANV). Buena la hizo. Los mitineros del PP, sin distinción de edad, sexo ni puesto en el escalafón, cayeron sobre él en organizado tropel. Golpe al batasuno, que cada patada que le dan es un puntapié en el trasero de todo el poder en cascada: el presidente, su partido y el fiscal general, por este orden. Lo curioso del caso es que el argumento no ha sido fabricado por estrategas del PP, sino que procede de unas importantes declaraciones del fiscal: «Si los dirigentes de Batasuna manifiestan que ANV es su opción, podría ser indicio adicional para su ilegalización». ¿Cuándo?, nos hemos preguntado todos ante tan jurídicas palabras. Y dice el señor fiscal: «Es posible su suspensión antes del 27-M». Eso ocurrió el domingo. Al leerlo, el cronista se armó de astucia interpretativa: ¡qué respetuoso es el poder con las leyes! Permite que se presenten determinadas listas; pero, en cuanto haya un motivo legal suficiente, van a por ellos. Y, como Batasuna lo acaba de dar, adiós ANV: hasta aquí nos habéis engañado. ¡Qué error! Puede desgañitarse el PP desde la A la Z, es decir, desde Acebes a Zaplana, que la respuesta oficiosa es: pedir el voto para otro partido no es motivo de ilegalización. El cronista se queda desolado. Y no porque sea falso ese razonamiento, sino porque su astucia se transforma en ignorancia: ¿entonces, dónde puede estar el motivo para ilegalizar? ¿Quizá ver a los Otegi, Permach o Barrena en un mitin? ¿Ésa será la prueba? Confieso mi perplejidad. No deseo que ANV sea ilegal. Pero me duele ese murmullo que presenta al Gobierno de España como un pardillo engañado por una panda de facinerosos. Me fastidia ese rumor de que todo esto está pactado con asesinos. Y me indigna que falte una explicación seria y firmada, solemne si quieren, que aclare este punto oscuro de la situación. Es cierto: pedir un voto no es razón bastante para expulsar de la legalidad al beneficiado. Pero también lo es esto: si el Supremo abrió esa vía, y si ésta es la prueba que más se parece a lo que el fiscal estaba esperando, procedan y punto. Y, si no es así, no procedan, pero tampoco lo anuncien.