NO ES complicado contrarrestar la línea argumental de todos los que han venido sosteniendo en estos días la supuesta gran dificultad que existe para evitar que Batasuna vuelva a las instituciones de las que fue justamente expulsada en aplicación de una ley constitucional y democrática. No es complicado porque, según sabe todo el mundo, aunque Batasuna ha intentado colar candidaturas de forma fraudulenta en todas y cada una de las elecciones celebradas desde que en marzo del 2003 fue ilegalizada, sólo lo ha logrado cuando ha contado para ello con la complicidad del poder ejecutivo. Y así, mientras que gobernando el Partido Popular Batasuna vio desbaratados sus intentos de entrar por la puerta trasera en los comicios municipales -y autonómicos navarros- del 2003, en las generales del 2004 y en las europeas del mismo año, la victoria del PSOE fue la ocasión para que el brazo político de ETA culminara con éxito por vez primera sus frustradas tentativas de fraude electoral: el Partido Comunista de las Tierras Vascas, una marca de Batasuna para las elecciones vascas del año 2005, consiguió acceder al Parlamento de Vitoria, ante la inacción del Gobierno, que decidió no ilegalizarlo porque, según hoy sabemos, estaba entonces ya en tratos con ETA y Batasuna. Es en ese contexto histórico, y no en otro, en el que debe situarse la decisión del Gobierno socialista en relación con ANV, decisión marcada por un doble objetivo. En primer lugar, el de presentar bajo un pulcro ropaje jurídico la decisión exclusivamente política, y pretendidamente salomónica, de apaciguar a Batasuna, con la esperanza de mantener abiertas las expectativas de eso que a Zapatero le gusta llamar paz. En segundo lugar, el de optar para sacar adelante tal operación a través de una vía legal confusa y arriesgada, que supone desaprovechar las posibilidades que abre la ley de partidos para evitar la utilización fraudulenta de un partido inscrito en el registro que, como con toda claridad sucede con ANV, «continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto». Por eso, a la espera de conocer la resolución final del Tribunal Supremo sobre las listas de ANV, cabe ya adelantar, en todo caso, que sea ésta la que fuere, dejará al Ejecutivo en evidencia: si el Supremo ilegalizara todas las listas de ANV, quedará al descubierto la impostura del Gobierno; si decidiera anular sólo las impugnadas, Batasuna volverá con la anuencia del Gobierno a docenas de ayuntamientos; y si optara por no anular ninguna, nadie podrá despejar la convicción social de que el Gobierno ha hecho muy mal -quizá aposta- sus deberes.