LA ENERGÍA eólica no es el futuro. Es el presente. Por su capacidad de aportación a la red de distribución, que va siendo notable. Y por las disputas administrativas, económicas, políticas y judiciales que se arman en torno a una forma de producción energética de la que tenemos noticia hace apenas 20 años. Como la que acabó en una sentencia del Tribunal Superior que obliga a Endesa a alejar un parque de una casa de turismo rural. La discusión se libra también en otros terrenos. Existe un borrador de un decreto que prepara el Gobierno que, en la práctica, vendría a suponer la retirada de capacidad de decisión a las comunidades autónomas. Y para una potencia mundial en producción eólica, como es Galicia, no son palabras menores. La Xunta pretende que se instalen 6.500 megavatios para sacar energía del viento, y cobrar un 10 por ciento de los beneficios. Ni a las empresas del sector les gusta nada la solución de copropiedad, que algunos tacharon de intervencionista, ni parece que a la Administración central le agrade que las comunidades autónomas puedan influir en la política de generación que se hace desde el Ministerio de Industria. En la práctica se establece una especie de competencia entre Administraciones que desde Madrid quieren atajar. Quién sabe si con el impulso de las grandes compañías eléctricas. En el borrador del decreto se prevén incentivos para generadores de más de cien megavatios, que son los que sólo puede autorizar el Gobierno central. De ese modo, la balanza se desequilibraría y Galicia volvería a quedar en desventaja. Ahora que había un mecanismo para que al menos parte de los beneficios de nuestros recursos naturales se queden aquí.