CUANDO en España se habla de lobby , casi todos piensan en las grandes constructoras, las eléctricas, la banca o incluso de algún editor. Pocos reparan en quienes de verdad ejercen un poder permanente y creciente: la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE). Esta última consiguió en 1999 del Gobierno de Aznar que las televisiones privadas nacionales y TVE dedicasen por obligación el 5% de sus ingresos brutos anuales a producir cine, y además a producirlo donde, como y con quien dicen ellos. La consecuencia es que cada año esas televisiones destinan obligatoriamente unos cien millones de euros a una actividad impuesta por una ley que está recurrida. ¿Es esto poder o no? La SGAE, prima hermana de FAPAE y parte también de la llamada familia cultural, consiguió en su día un impuesto generalizado en forma de canon sobre la venta de todo cedé. Más tarde, con la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual de junio del 2006, la SGAE obtuvo un polémico nuevo canon para cualquier soporte digital -excepto para discos duros de ordenador y ADSL-, que grava con un impuesto los deuvedés, móviles, MP3, escáneres, lápices de memoria, impresoras y tarjetas o dispositivos de almacenamiento masivo, al que se oponen todas las asociaciones de internautas y la industria electrónica nacional e internacional porque aumenta considerablemente el precio en España de estos productos y, consecuentemente, la inflación. No conforme con ello, la SGAE está a punto de conseguir el bloqueo de los contenidos en la Red sin intervención judicial, mediante la reforma de la Ley 32/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), en la que ha introducido un artículo 17 bis que establece que las entidades de gestión de derechos de autor pueden obligar a las operadoras al bloqueo de contenidos. El artículo no ha pasado por el Consejo Asesor de la Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI), como es obligatorio, y ha sido criticado con dureza por el Consejo de Estado en su preceptivo informe al Gobierno. Este artículo pretende proteger los derechos de propiedad intelectual de las distribuciones no autorizadas, no sólo desde portales de Internet, sino también desde los ordenadores personales, al tener en cuenta específicamente los intercambios de archivos entre particulares (P2P). ¿Son o no un poderoso lobby SGAE y FAPAE?