AHORA que ya es moda exigir que los diccionarios oficiales indiquen no lo que significan las palabras, sino lo que debieran significar, la Real Academia podría aprovechar para añadir una nueva acepción al término gallego . Y es que cuando entre en vigor la reforma del Código Civil que concederá la nacionalidad española a los nietos de nuestros emigrantes, deberían ser gallegos no sólo los naturales, sino también los artificiales de Galicia. Ese cambio legislativo, que producirá diversas consecuencias, será el origen de un verdadero disparate: que en torno a uno de cada cinco electores de la comunidad autónoma gallega vivan fuera del país. Es curioso, sin embargo -¿o quizá no?- que tal disparate, poco compatible con los usos normales en cualquier sistema democrático, no haya merecido más que elogios por parte de una clase política enfangada en la constante obsesión electoral, e incapaz, por eso, de decir algo distinto de lo que resulta conveniente en cada caso. Empezando por el presidente de la Xunta, que, tras reconocer las «dúbidas razoables» derivadas del funcionamiento práctico del llamado voto de la emigración, proclamaba que los emigrantes -así, a bulto, sin ninguna distinción- «teñen todo o dereito do mundo a votar e participar». ¿Es cierto que lo tienen? Pues depende: parece seguro que deben tenerlo los nacidos en en España -españoles a todos los efectos- que emigraron en su día. Es discutible que deban tenerlo sus hijos, muchos de los cuales sólo son españoles porque así lo dicen sus papeles. Y es absurdo que lo tengan los nietos de aquellos emigrantes, que nada saben y a quienes nada importa lo que sucede por aquí. Por eso el problema no es sólo que haya que acabar con la vergüenza de un sistema de votación en el que no están garantizadas las condiciones que hacen del voto la expresión de una decisión que, sólo por ser libre, es democrática. El problema -al que ningún político de oficio se atreve, por puro miedo, a meterle el bisturí- es el de si resulta democráticamente admisible que quienes ni viven ni trabajan, ni han vivido nunca, ni nunca han trabajado en un lugar, deban tener los mismos derechos políticos que los que allí viven, trabajan y cumplen sus obligaciones tributarias. ¿O no resulta sencillamente escandaloso que pueda votar en autonómicas un venezolano o un mexicano que no sabrían situar Galicia en ningún mapa y no pueda hacerlo uno de los caboverdianos de Burela, que son mucho más gallegos que todos los supuestos gallegos a los que, en medio de este silencio bochornoso, va a incluirse por pura corrección política en nuestro censo electoral?