SIN INDEPENDENCIA efectiva de los jueces no hay verdadera democracia. Pero cuando los miembros del Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno al que corresponde nada menos que el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia) o los magistrados del Tribunal Constitucional actúan sistemática y mecánicamente de acuerdo con las tesis de las fuerzas políticas que los han propuesto para el ejercicio de sus funciones, renuncian a su independencia, ponen en entredicho su imparcialidad y la confianza de los ciudadanos en el sistema se desmorona. Naturalmente, algo parecido sucede cuando el poder político se cree autorizado a interferir en la función jurisdiccional y, en virtud del sistema de cuotas, exige que los jueces se sometan a la lógica de la obediencia política o ideológica. En este contexto hay que situar la decisión del Tribunal Constitucional de admitir la recusación del PP contra el magistrado Pérez Tremps para impedir que éste pueda participar en las deliberaciones del recurso presentado por el partido conservador contra el Estatuto de Cataluña. Lo primero que debería explicar el alto tribunal es por qué rechazó en el 2006 una recusación contra el mismo magistrado, presentada por el PP por el mismo motivo, y, sin embargo, la admite ahora. Porque si no lo hace su prestigio sufrirá un serio quebranto y se extenderá la fundada sospecha de que el futuro del Estatuto de Cataluña depende de criterios políticos y no jurídicos. Y no quiero imaginar siquiera la crisis política que se abriría en España si un texto de la relevancia que tiene el Estatut, aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y refrendado por el pueblo de Cataluña, es declarado parcial o totalmente inconstitucional por un tribunal que está bajo la sospecha de actuar con criterios estrictamente políticos. Pero este no es el único caso en el que la independencia de los jueces está en cuestión. La causa abierta contra el lendakari por el Tribunal Superior del País Vasco, en contra del criterio del Tribunal Supremo, es un ejemplo paradigmático de utilización de la Justicia para condicionar el debate político. Y tampoco ha sido muy edificante la actuación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al cambiar la decisión de la sección primera de dicha sala (los jueces ordinarios predeterminados por ley) una vez que ésta había terminado su deliberación, votación y fallo sobre la situación penitenciaria de De Juana Chaos. Llama también la atención el cambio de criterio jurídico de algunos jueces según sople el viento político. Es el caso de Garzón, que en pocos meses ha pasado de considerar a la izquierda aberzale como parte fundamental de la organización terrorista a afirmar, en el auto dictado el 26 de enero, que aquella no forma parte ni colabora con ETA. Tal como están las cosas, sería conveniente que los jueces y magistrados de nuestro país recordaran que la mujer del César, además de ser honrada, ha de parecerlo.