LA PERCEPCIÓN que el usuario, consumidor o ciudadano tiene sobre el abuso de algunas empresas de servicios, y más si éstos se sostienen en régimen de concesión o autorización administrativa, se ha confirmado estos días. Se le ocurrió a los poderes ejecutivo y legislativo que era tiempo de poner coto a alguno de los más flagrantes desmanes perpetrados contra el usuario de ciertos servicios por parte de las empresas prestatarias. Discutible o preocupante que tal limitación y protección no se hubiera desarrollado antes. Pero la sorpresa, también la indignación, surge cuando nuestros representantes deciden que no se nos puede cobrar por un servicio no prestado, y que, por lo tanto, amaños y apaños de empresas para mejorar su cuenta de resultados deben de ser limitados. Nos anuncian el fin del redondeo , estafa legal hasta ahora vigente. La sorpresa y la indignación surgen cuando las empresas beneficiarias se apresuran a buscar otras vías para mantener su cuenta de resultados. Y ante una barrera legal, anuncian un incremento de sus tarifas. Eso sí, sin previo acuerdo entre ellas, para no incurrir en ofensa al sacrosanto principio de la libre competencia, pero con pasmoso paralelismo en tiempo, forma y cuantía. Negando que tal cambio de las condiciones contractuales del servicio permita al usuario quedar liberado de un posible contrato de permanencia. Obviamente, los operadores telefónicos o empresas concesionarias de aparcamientos públicos, por poner dos ejemplos claros, no cuestionan la ley anti-redondeo, sólo desarrollan mecanismos que la inutilizan, aún conculcando el principio de libre competencia. Vean también la acusación de Bruselas sobre la actitud de bancos y cajas por el cobro de comisiones abusivas y sus actitudes anticompetencia, que «incrementan innecesariamente el coste de sus servicios», y la inanidad ante ello de la Comisaría Europea de Competencia. La situación, desde el punto de vista del ciudadano, es pavorosa, pues por más limitaciones formales que se desarrollen ante prácticas de acuerdo empresarial, nadie recuerda que ninguna administración o justicia haya logrado controlarlas. Empresas poderosas ante la ley e insaciables ante los ciudadanos. Verdaderos y desprotegidos afectados.