DEJANDO en evidencia bochornosa a los líderes políticos y a los medios que se habían adelantado a sostener la necesidad de dar a De Juana Chaos un trato excepcional, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido por una mayoría abrumadora -12 a 4- lo único que cabía resolver desde el respeto a las víctimas de ETA, el imperio de la ley y el sentido del Estado: que el etarra en huelga de hambre continúe en prisión y se le alimente forzosamente para tratar de evitar, en lo posible, que pueda fallecer. Cualquier otra solución hubiera constituido no sólo un precedente de impredecibles consecuencias -o, mejor, de predecibles (todas malas) consecuencias-, sino también una burla al inequívoco sentido de una ley que prevé la posibilidad de excarcelar provisionalmente a los penados que «por razón de enfermedad» no puedan ser tratados de un modo adecuado en las instituciones penitenciarias del Estado. Así se ha hecho en diversas ocasiones con presos de ETA que cumplían larguísimas condenas, sin que nadie haya puesto en duda hasta la fecha la procedencia de aplicar la ley con toda la generosidad que exige la justicia. Ayer mismo me contaba un buen amigo de Bilbao cómo ve pasearse de vez en cuando por su pueblo a un ex etarra excarcelado en su día por motivos de salud. A nadie se le escapa, sin embargo -salvo quizá a ese triste personaje en que ha acabado por convertirse Patxi López- que De Juana no está enfermo, sino que se ha puesto enfermo adrede, y a partir de una libre decisión, con el objetivo declarado de presionar así al Estado que le ha encarcelado en estricta aplicación de las leyes aprobadas por los representantes democráticos del pueblo y aplicadas por jueces independientes sujetos a los mandatos contenidos en las mismas. De Juana estaba harto de permanecer en prisión, lo que es perfectamente comprensible. Y como quería dejar de estarlo decidió ponerse en huelga de hambre con la intención no disimulada de que su acción generase una violenta respuesta popular ante la que el Estado, amedrentado, no tuviese más opción que la de ceder y ponerlo en libertad. A eso se le llama chantaje aquí y en todas partes. Por eso, aceptar su desafío hubiera sido ni más ni menos que ceder a ese chantaje. El sanguinario etarra tiene ahora, como cualquiera tendría en su caso, dos opciones: abandonar su huelga de hambre y cumplir la pena que se le ha impuesto por sus crímenes o continuar con su huelga de hambre libre y voluntaria y aceptar las consecuencias que de ella pudieran derivarse. Esas son las reglas del Estado de derecho. De este y de cualquiera digno de tal nombre.