QUE UNA sociedad acredite ante sus miembros una deuda de 24.000 millones de pesetas es algo en sí mismo escandaloso. Que, además, el presidente de esa sociedad, responsable del monumental desaguisado, intervenga ante la junta de accionistas sin presentar, junto con las cuentas, su irrevocable dimisión, no sólo resulta escandaloso sino, al tiempo, ofensivo para el sentido común de los miembros de la sociedad y de la opinión pública del país donde ésta desarrolla sus actividades mercantiles. Pero, que tras apaleados y cornudos, socios y país entero hayan de soportar el insulto de que el susodicho presidente se fije, como si tal cosa, un sueldo de 118 millones de pesetas, es algo que supera todo lo que resulta imaginable en cualquier lugar que no sea, o una república bananera, o puro tercer mundo. Pues bien: todo eso han hecho el miércoles el Deportivo de La Coruña y su presidente, César Lendoiro, que lo ha conducido a la tristísima situación en que ahora está. Todo eso, sí, pero, no sólo eso, por desgracia: además de todo lo apuntado, que se comenta por sí mismo, el Deportivo impidió anteayer la entrada al lugar donde se celebraba su junta de accionistas a un periodista y un fotógrafo del primer diario de Galicia, el mismo que leen todos los días, según los últimos datos disponibles, casi la mitad de los lectores gallegos de periódicos. Cuando los enviados de La Voz preguntaron a quienes les impedían entrar en la reunión por las razones que justificaban tan arbitraria decisión, a la vista del hecho evidente de que todos los periodistas de los demás medios acreditados accedían sin ningún tipo de problema al local donde el Deportivo celebraba su junta de accionistas, la respuesta fue sencilla y clara: «¡Porque no!». Es probable que al actuar de ese modo, los responsables -mejor sería decir los irresponsables- del Deportivo estén actuando dentro de la ley, pero ello no impide que estén violando de un modo flagrante una norma elemental de toda sociedad libre y democrática: la que exige no impedir por ningún modo el derecho de informar. Porque a quien se ha impedido el paso, con esa forma tosca de venganza, no es a los periodistas de La Voz, ni siquiera a La Voz como diario, sino a los cientos de miles de gallegos que se informan en sus páginas. Es precisamente la incapacidad de justificar una prohibición que nace en el sólo hecho de que al señor Lendoiro y a su gente no le gustan las informaciones legales y veraces que suministra este diario a sus lectores, la que explica ese sonoro ¡porque no! que recuerda a un pasado inicuo que muchos hemos conocido: el del franquismo.