HE CREÍDO siempre que con las constituciones pasa lo que acontece también con la salud: que sólo se habla de ellas si van mal. Salvo para los hipocondríacos, la salud nunca es tema de tertulia de los que están razonablemente sanos. Sin embargo, las enfermedades resultan un monotema inevitable para quienes, por desgracia para ellos, las padecen. Si una constitución mantiene el consenso que en su momento la alumbró, esa constitución se esfuma del escenario político diario y, por decirlo exactamente, brilla por su ausencia. Se festeja en ocasiones señaladas, se enseña en las facultades de derecho y se vive, si es posible, de dedicarse a comentarla. Pero, excepto los profesores de Constitucional, que cargamos con ella como el pintor con el rodillo y el caldero, la constitución es una especie de espíritu que cobra realidad sólo si alguien se empeña en invocarla. Así las cosas, cualquier mínima observación del desarrollo del debate nacional desde las últimas elecciones generales lleva con toda claridad a concluir que la Constitución ha vuelto a entrar de lleno en la gresca política diaria y que la paz constitucional en la que España vivió entre 1978 y 2004 ha desaparecido para dar lugar a una auténtica guerra de guerrillas. De guerrillas, en efecto, pues la guerra que mantienen el PSOE y el PP a cuenta de si debe o no reformarse nuestra ley fundamental, no es un enfrentamiento abierto en el que dos posiciones claras y bien argumentadas se confrontan con la finalidad de imponerse tras un debate racional. Lejos de ello, tanto el Gobierno y el PSOE como el único partido que hoy le hace de verdad oposición practican el mero tacticismo constitucional en función de cómo corren las encuestas, con la finalidad, no por encubierta menos evidente, de acusar al contrario de no querer resolver los problemas del país. Lo que supone, por supuesto, aceptar como punto de partida algo que nadie se ha molestado en demostrar: que la solución de alguno de los grandes problemas que hoy tiene España planteados exigen de un modo inexcusable la reforma de nuestra ley fundamental. Yo no lo creo, lo que es distinto a decir que no haya nada que reformar en una Constitución aprobada hace hoy veintiocho años por el pueblo. Sin duda hay muchas cosas que podrían, y aun que deberían, ser cambiadas, pero ni siquiera de estas últimas depende la solución de los principales problemas a los que ahora tenemos que enfrentarnos. Meterse a reformar la Constitución en el ambiente políticamente irrespirable que hoy domina la vida política española sería, de hecho, añadir otro problema, y no pequeño, a todos los demás.