EN EL CORTO espacio de tiempo que en términos históricos representa un cuarto de siglo, el Estatuto de Galicia se ha convertido en el punto de encuentro de todas las fuerzas políticas y de la gran mayoría de los ciudadanos. Parece, pues, exigible que con motivo de la reforma del texto vigente la división y el enfrentamiento no sustituyan al consenso y al acuerdo. No sé si Pérez Touriño y Núñez Feijoo son plenamente conscientes de las repercusiones que tendría para nuestro autogobierno un fracaso en las negociaciones para la reforma del Estatuto. Si tal cosa ocurre, el debate estatutario no quedará aparcado sine díe , al margen de las disputas partidistas, como afirmaron ambos líderes al término del encuentro que mantuvieron el pasado miércoles, sino que se transformará en el tema central de controversia en las próximas elecciones municipales. El fantasma de «unha nova aldraxe» recorrerá de nuevo el país y el subsiguiente enfrentamiento, abierto y sin cuartel, entre el PSOE y el PP arruinará por muchos años la posibilidad de reeditar el consenso que dio vida a nuestras instituciones de autogobierno. Cuando el presidente de la Xunta situó la reforma del Estatuto como una de sus prioridades políticas, ya sabía que en Galicia, a diferencia de Cataluña y Andalucía, tal operación no era posible sin el concurso del PP. Espero, por tanto, que sea consecuente y demuestre que no alienta una estrategia de cortos vuelos destinada a convertir la reforma estatutaria en una simple maniobra política, en un arma arrojadiza contra el adversario, con el único fin de desgastarlo electoralmente. Conociéndolo como lo conozco, estoy convencido de que Touriño no está dispuesto a desbaratar el consenso histórico que hizo posible nuestra autonomía a cambio de un hipotético puñado de votos. Pero como presidente tiene también la obligación de defender los intereses de Galicia en el contexto del debate abierto en España sobre el poder territorial. Por su parte, Núñez Feijoo tiene en sus manos la llave de la reforma. Ello le confiere un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Porque una cosa es que el presidente del PP aspire a que su partido juegue un papel relevante en la elaboración del texto que va a regular nuestra convivencia, y otra muy distinta, que utilice la capacidad de decisión que le otorga la norma vigente para intentar dividir al Gobierno o para hacer descarrilar el tren de la reforma. Así pues, le guste o no, Alberto Núñez Feijoo se enfrenta a una difícil disyuntiva: asumir la responsabilidad de proponer para Galicia un Estatuto de rango inferior al alcanzado por otras comunidades autónomas o plantar cara a la dirección de su partido como hizo Javier Arenas en Andalucía. Suele decirse que un político de ocasión es aquél que cuando toma decisiones sólo piensa en las próximas elecciones, y un estadista, aquél que lo hace pensando en las próximas generaciones. Pronto sabremos a qué categoría pertenecen Touriño y Núñez Feijoo.