LA PASADA semana, La Voz, en su edición digital, preguntaba si debían desaparecer las facultades que resultaban deficitarias. Un 63% de quienes se pronunciaron eran favorables al cierre. Quisiera terciar en la cuestión suscitada y valorar el resultado. La encuesta plantea una cuestión de calado en cuyo análisis confluyen complejas variantes. No todo puede reducirse a parámetros económicos, si bien éstos son imprescindibles en su resolución. Desde la década de los ochenta en España se produce una explosión de universidades. Al tiempo, la ínfima tasa de natalidad nacional se acusa en las aulas. Dos son las premisas que someto a la consideración del lector: la universidad no es un negocio; la universidad no es un capricho. Atendiendo a lo primero, el que una facultad sea deficitaria no es razón definitiva para su desaparición. Algunos centros deben mantenerse, pues sin ellos la universidad no sería tal. La situación no es equiparable a la permanencia de un centro comercial que encuentra sentido en razón de su beneficio. Atendiendo a lo segundo, la oferta de titulaciones en cada distrito universitario debe ser racional y rentabilizar el gasto. No todo puede ofertarse en todos los campus, salvo que se aspire sólo a lograr una formación profesional y además degradada. Los centros deben ser capaces de alcanzar, decorosamente, los fines de investigación que tienen encomendados. Deben primar las facultades competitivas en resultados docentes y científicos. Para ello se precisa un riguroso control de calidad. En todo caso, a pesar de lo que pudiera parecer, el dato de la encuesta revela un aprecio hacia la universidad. Sólo así se entiende que el 37% voten en contra del cierre. Consideran que su permanencia, aun deficitaria, provoca un enriquecimiento a la población que sirve y en la que se ubica. Así, deben ser costeadas en interés publico. Si la sociedad confía en la universidad, ésta no debe defraudarla.