AYER se conocía que la familia Calvo Pumpido pone en venta su participación (78% del capital) en Conservas Calvo, la empresa líder del sector conservero gallego, es decir, español, y la que mejor ha sabido interpretar los nuevos retos competitivos (expansión, internacionalización, localización de los procesos productivos en países productores de materia prima y con diferenciales salariales favorables, posicionamiento en mercados con gran potencial de crecimiento, innovación en productos...). Remitimos al lector a lo que escribíamos la pasada semana en este mismo diario, a propósito de la venta de Fadesa. Lo más relevante de la noticia era, en nuestra opinión, que ponía en primer plano las dificultades para consolidar empresariabilidad en economías de reciente desarrollo. En este sentido, no está de más recordar aquí, a modo de contraejemplo, y ya que hablamos de conservas, que a comienzos de este año el BBVA decidía abandonar su presencia (41 % del capital) en el accionariado de la empresa vasca Conservas Garavilla (Conservas Isabel), por cierto, con una planta de producción en O Grove, siendo la compradora, en este caso, la familia titular de la empresa. Pero ¿qué está ocurriendo para que grupos familiares, que por méritos propios se habían erigido en paradigmas de los empresarios de éxito, decidan abandonar y convertir en dinero líquido sus empresas? Que existen compradores. Multinacionales del capital riesgo y fondos de inversión, ávidos por encontrar inversiones rentables para sus ingentes volúmenes de liquidez. Ahí están los ejemplos, ya materializados, de Cortefiel o Viajes Iberia. Y en próximas fechas se dice, en los mentideros económicos, el parque de atracciones Warner o la empresa de transportes Avanza. Calvo no deja de ser un caso más, seguramente muy apetecible. ¿Y la economía gallega? ¿Debería evitarse, a cualquier precio, que Conservas Calvo pase a manos de una firma foránea? Sólo si los inversores gallegos -Caixanova posee ya una pequeña participación en el capital de la empresa- ven atractiva esta posibilidad y tienen la suficiente capacidad financiera para entrar en la puja. ¿Debería la Administración tomar cartas en el asunto? No creemos que cuente con mecanismos para hacerlo. La principal responsabilidad de los políticos en esta materia es conseguir hacer atractivo el país para los inversores, foráneos o autóctonos. ¿Acaso tienen menos impacto económico las recientes localizaciones en Vigo de, al menos, media docena de empresas, todas de capital extranjero, relacionadas con el sector de automoción? Se hace verdadera política industrial y económica si se mejoran las infraestructuras, si se invierte en capital humano, si se apoyan los esfuerzos empresariales en I+D+i, si se consigue, en suma, que las empresas encuentren ventajoso trabajar en Galicia.