HAN transcurrido seis meses desde que ETA anunció un alto el fuego permanente. Desde entonces se han producido hechos, comunicados -cinco de ETA- y declaraciones que generan perplejidad en los ciudadanos, que no poseemos la información privilegiada del presidente del Gobierno. Septiembre ha ofrecido muestras ilustrativas. El mismo día que un etarra, imputado en el proceso criminal que se le está siguiendo, arremete con amenazas personales contra el tribunal que lo juzga y manifiesta que «seguiremos en la lucha armada», el presidente del Gobierno declara su confianza en el proceso de paz. No se trata de la reacción aislada de un imputado, sino reiterada por otros compañeros en sus comparecencias. Aunque varían las palabras y los gestos, persiste la misma actitud de fondo. En uso de la legítima defensa procesal -una excelencia del Estado de derecho que se repudia- pueden los compañeros de un imputado decir que no recuerdan los hechos, al tiempo que la viuda del policía muerto recuerda ante el tribunal que había pedido al etarra que no lo matara. Hace falta mucha frialdad para mirar hacia otro lado. Mucha tiene que ser la seguridad en una razón de Estado superior para minimizar esas reacciones y atribuirlas a circunstancias anormales de sus actores. Es difícil para el sentimiento y la humana sensibilidad olvidarse de que, en el proceso político iniciado, la representación del Estado ha de dialogar con la organización a la que con orgullo declaran pertenecer los protagonistas de esos sucesos. Desde la racionalidad negociadora tampoco es fácil entender que la reactivación de la kale borroka y la espectacular aparición de tres encapuchados en Oyarzun, reafirmando en nombre de ETA la voluntad de seguir empuñando las armas, se consideren sólo una nota que desafina la canción. Que no alteran la ruta prevista. ¿Por qué la sociedad ha de cerrar los ojos? ¿Por qué el Estado se humilla? Quien tiene prisa por negociar no es el Estado. El alto el fuego tenía como primer objetivo la presencia de Batasuna en las próximas elecciones. Y le urge. Si se tiene la convicción de que ETA no tiene alternativa al abandono de las armas, como se ha dicho, el Estado se encuentra en una situación ventajosa para iniciar o aplazar la negociación. La vuelta atrás sería demoledora para la proyección social de ETA. Un accidente puede ocurrir, con o sin proceso de paz, y su riesgo no debería condicionar la actitud del Estado. Son loables los esfuerzos para que la izquierda aberzale se instale definitivamente en el ámbito democrático. Pero no a cualquier precio. Dentro de la legalidad, sin forzarla ni oscurecerla como ya ocurrió con la reunión del PSV y Batasuna. Sin el respaldo de una organización armada. Más allá del rédito electoral de una negociación exitosa, o de su fracaso, lo que está en juego, con la paz, es la dignidad del Estado, que nos haga orgullosos de ser sus partícipes.