EPISODIOS tan duros y trágicos como este reciente de Begonte -colisión entre vehículos y muerte de tres personas-, al que habría que añadir otros tres más con otras tantas muertes, todos ellos materializados en estos días últimos en Galicia, llevan, a un tiempo, a una cierta desesperanza y a la certidumbre de que resulta imposible garantizar la seguridad vial en el desarrollo del tráfico, sea cual fuere el sistema normativo que se imponga y sean cuales fueren la medida de rigor y la dureza de su procedimiento punitivo. No se pueden suprimir ni la versatilidad ni la imprevisibilidad de las conductas humanas, ni, mucho menos, la falibilidad que es propia de las personas. Con todo, al lado de cuanto de funesto trae consigo el accidente de tráfico, siempre inseparable de las quiebras en las conductas humanas, debe ser indeclinable el afán por conseguir tanto la reducción de su número, como la entidad de sus consecuencias. La pregunta se repite: ¿qué hacer? Y siendo cierto que es ancho y complejo el entramado de la circulación de vehículos, no es menos cierto que las bases de la seguridad giran sobre dos goznes que tienen carácter de fundamentales, tales son la educación para el tráfico y la vigilancia del propio tráfico. Educación, para la vida comunitaria, primero, para la vida comunitaria a bordo de automóviles, después. Y vigilancia, más allá del multiempleo de medios que sirven técnicas y tecnologías, como en los años primeros de la automoción en nuestro país, con dinamismo y movilidad, con sentido de presencia de agente en cualquier carretera al uso, para que desaparezca el sentimiento de impunidad que arraiga en el desobediente habitual. Es verdad que en gran medida los accidentes de tráfico son evitables, pero desde el requerimiento de uso de los medios que la cultura del tráfico ha ido depositando en nuestras mentes y en nuestras manos.