EL INFORME educativo anual de la OCDE, Education at Glance , sitúa a España, con un fracaso escolar del 30% en la etapa obligatoria, en el furgón de cola de los países desarrollados. Es evidente que las causas de ese desaguisado son variadas y, por supuesto, discutibles. Pero si en el informe de la OCDE hay un dato verdaderamente relevante e indiscutible que explica esta indeseable situación, éste es sin duda la insuficiencia de recursos que dedicamos al sistema educativo. En efecto, España se sitúa entre los países que menos recursos públicos dedica a la educación. En la UE-15, únicamente Grecia e Irlanda presentan niveles de gasto público educativo más bajos que España. Pero lo más grave es que, en el período al que se refiere el informe, no sólo no se ha corregido esta situación, sino que se ha agravado como consecuencia de la caída del esfuerzo financiero público en el sector educativo, caída que se ha concentrado en los niveles primario y secundario. A todo ello es preciso añadir la profundización del carácter dual del sector educativo no universitario. Buena parte de los centros privados concertados han conseguido protegerse, utilizando métodos más que discutibles, ante fenómenos que afectan de forma severa a los centros públicos, como, por ejemplo, la llegada de los hijos de los inmigrantes. Este proceso ha generado la existencia de patrones desiguales de fracaso escolar entre diferentes clases y grupos sociales, afectando gravemente la equidad del sistema. En términos más generales, el informe de la OCDE devuelve a primer plano la realidad de nuestra situación socio-económica. Porque España, pese a haber disfrutado de un ciclo económico expansivo de larga duración, no ha sido capaz de superar las graves desigualdades sociales que la sitúan entre los países con menor cohesión social y con mayores desigualdades de riqueza y renta de la UE. Los datos son elocuentes. El gasto social en España apenas alcanza el 20% del PIB mientras el promedio europeo se sitúa en el 27%. Las consecuencias de este diferencial se manifiestan agudamente en todos los sectores del aún raquítico estado del bienestar español. Si en educación el informe de la OCDE no deja lugar a dudas, en sanidad España es el país que, después de Grecia, tiene el gasto público sanitario por habitante más bajo de la UE-15. El gasto que dedicamos a pensiones está todavía muy alejado del promedio europeo (11% del PIB), y en los servicios de ayuda a la familia estamos a enorme distancia de la media europea y a distancias siderales de los países más avanzados. Éstos son los problemas reales que afectan a millones de ciudadanos. Cambiar la agenda política y situar estos temas en el centro del debate y de la acción pública es la obligación del Gobierno, y debería ser también su estrategia, en abierta contradicción con el proyecto de sus antecesores, cuya insensibilidad política les ha impedido aprovechar el ciclo expansivo de nuestra economía para corregir el histórico retraso social de España.