PARA explicar la extrema gravedad de lo sucedido días pasados en El Prat, una imagen vale más que mil palabras: la de los vehículos del servicio aeroportuario tumbados ¡bloqueando las pistas de despegue! Es una imagen increíble, que no habíamos visto jamás en ningún aeropuerto del planeta. Tampoco a la Cruz Roja repartiendo víveres y mantas a los cien mil pasajeros afectados el día del asalto, como si El Prat fuera un campamento de refugiados que huían de la sinvergonzonería irresponsable de unos trabajadores que sólo resulta comparable a la incompetencia de las autoridades que deberían haberles hecho frente de inmediato. El ministro de Interior justifica ahora la tardanza de la Guardia Civil en actuar -¡diez horas! desde que se produjo el bloqueo de las pistas- en que el desalojo de los huelguistas por la fuerza hubiera producido una batalla campal de imprevisibles consecuencias. Es posible, aunque todos los especialistas han manifestado estos días que nada hay más peligroso que el desvío masivo de los aterrizajes programados. Entre tanto, el inmenso daño a la imagen de un país que tiene en el turismo una de sus principales fuentes de riqueza, es ya por completo irreparable. Las televisiones de todo el mundo se habrán cansado de dar el vídeo con las pistas del aeropuerto de la segunda ciudad de España tomadas al asalto por una turba de huelguistas salvajes durante toda una jornada. Un hecho ése tan insólito que, quizá, sólo es explicable en el contexto político y social del ambiente sin límites que se ha ido instalado en España poco a poco. Y es que, más allá de la comprensible angustia de unos empleados que ven peligrar sus puestos de trabajo, su reacción demencialmente desproporcionada algo ha de tener que ver con las cosas pasmosas que esos mismos empleados saben a diario por los medios. Por ejemplo, con el hecho escandaloso de que durante una década se haya producido en Marbella un inmenso latrocinio ante la absoluta inoperancia de los medios de control y fiscalización de un Estado de derecho. O con el no menos alucinante de que el fraude fiscal siga creciendo en España mientras el poder público se muestra incapaz de hacer frente a ese monstruo, fuente de miles de pequeñas y grandes injusticias. O, cambiando de contexto, con la vergüenza insufrible de que Gobierno y oposición se acusen a diario de no querer el fin de una banda terrorista que ha asesinado a casi mil conciudadanos. «Si todo, ¡todo!, vale, ¿por qué no nuestro derecho a parar un aeropuerto?»: eso habrán pensado, quizá, los empleados que tiene Iberia en el de Barcelona. Da pavor sólo imaginarlo.