LA AUDIENCIA NACIONAL, en su memoria anual correspondiente al año 2005, reclama una vez más la competencia para conocer los delitos de inmigración ilegal y conexos. Parece una propuesta, como mínimo, razonable. A estas alturas nadie duda de que el tráfico de carne humana -los subsaharianos que a diario intentan llegar en pateras y cayucos a la tierra prometida , las latinoamericanas y eslavas que trabajan de animadoras en los miles de puticlubes que brotan como setas a lo largo y ancho del suelo patrio, e incluso los chinos que se apilan en los talleres clandestinos- no se mueve por libre, sino que está a merced de las respectivas mafias, que nutren ese fenómeno tan de actualidad llamado delincuencia organizada. Estas organizaciones en no pocos casos compatibilizan esta actividad delictiva con el tráfico de drogas, la falsificación de documentos e incluso colaboran con organizaciones terroristas. Si todos estos delitos son competencia de la Audiencia Nacional, ¿por qué no lo puede ser también el de tráfico ilegal de personas? La concentración de estas investigaciones en un solo Juzgado Central de Instrucción y los consiguientes juicios en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional no sólo parece sensato y razonable, sino también urgente, si de verdad se quiere afrontar con un mínimo de rigor y seriedad uno de los problemas más acuciantes de este país.