BAJO LA apariencia de un gran favor, a la empresa Pescanova le hicieron la pascua. Y tiene mucho sentido que Fernández de Sousa se queje del trato que le dieron en la Xunta si, en vez de referirse a la racionalidad ecológica que intentan imponer los conselleiros de Pesca y Medio Ambiente, se refiere a aquel Gobierno popular que, atropellando plazos e informaciones públicas, le prometió vía libre para un enorme proyecto que afecta a una de las zonas paisajísticas y ecológicas más sensibles de Galicia. Vistas las informaciones que se están filtrando sobre las concesiones de minicentrales hidráulicas, parques eólicos y granjas marinas, es evidente que la Xunta de Fraga estaba regresando a una filosofía desarrollista que, con la disculpa de crear riqueza y trabajo, empezaba a causar daños irreparables. Y por eso tiene mucha racionalidad la actitud de empresas como Fenosa que, considerando que las buenas relaciones con la sociedad y el entorno físico forman parte de su capital productivo, acceden a pactar la renuncia a derechos adquiridos a cambio de una imagen de empresa comprometida con la sostenibilidad ambiental y el bien común. La mayor evidencia de cambio que existe en nuestra sociedad procede de la actitud de conselleiros como los de Pesca, Industria, Medio Ambiente y Medio Rural que, a riesgo de ser tachados de ineficientes en sus respectivas áreas de gestión, están abordando la difícil rectificación del desarrollismo salvaje. Para Galicia es muy importante la formación de una cultura productiva moderna y sostenible. Y por eso tenemos urgente necesidad de empresarios que, lejos de defender derechos o expectativas de derechos generados por errores del pasado, perciban la rentabilidad económica y social de un país bien ordenado y explotado. Que Pérez Touriño se haya mojado en la defensa de Touriñán es un acierto que va mucho más allá de un tentador juego de palabras. Porque su declaración de presidente constituye la base fundamental de una filosofía que está llamada a modificar las actitudes de todos los agentes sociales y económicos del país, y porque alguien tenía que decir que la obligación que tiene la Xunta de ordenar y administrar los recursos colectivos no puede estar hipotecada a la permanente amenaza de deslocalizaciones y conflictos laborales amasados con demagogia y recocidos en agua de borrajas. Si de verdad vamos a luchar contra el feísmo y la marbellización del territorio, empecemos por proteger lo que está intacto y lo que, como el cabo Touriñán, constituye un signo de identidad de Galicia. Porque cualquier otra actitud será contradictoria, y solo servirá para empobrecernos, deslegitimarnos y llevarnos al fracaso.