ALGUNOS amigos extranjeros me preguntan si de verdad Andalucía, Canarias o Galicia plantean autodefinirse como naciones. Lo cierto es que no salen de su asombro ante el debilitamiento interno de nuestro país, hasta hace poco el envidiado quinto Estado miembro de la Unión Europea. Les cuento que la puja al alza de competencias autonómicas ha existido en el fondo desde hace 25 años, una descentralización profunda en paralelo con la transferencia de muchas competencias a Bruselas. Pero nadie esperaba que un gobierno central acelerase y dejara sin control un proceso autonómico, en el que se corre el riesgo de afirmar la igualdad a través de la imitación de la diferencia. Por fortuna, la historia es impredecible, tanto la pasada como la futura, y lo que ocurra en España depende de lo que decidamos unos y otros. El pesimismo se justifica al ver que mientras el nuevo Estatuto de Cataluña culmina su tramitación en las Cortes Generales, el Gobierno anima a las demás comunidades autónomas a reformar sus estatutos inspirándose en el texto catalán, confirmando que el modelo territorial socialista no existe. El Gobierno de Zapatero ha sustituido la perspectiva de conjunto, propia de cualquier partido de ámbito estatal por la improvisación y el pacto de las reglas del juego estatales con quien no cree en éstas, o simplemente con quien, sin ser nacionalista, antepone intereses locales partidistas a una visión del bien común para la totalidad de España. Sin embargo, la buena noticia es que el PP ha decidido promover una reforma de la Constitución. Creo que no se le ha dado suficiente importancia a esta decisión estratégica, que marca un punto de inflexión en el debate territorial. Hasta ahora el PP era reacio a las reformas de la Carta Magna, ya que no había ideas claras sobre su contenido. Pero ante la ruptura del acuerdo constitucional que supone la reforma encubierta del Estado a través de reformas como la catalana, no queda otra opción, por mucho que sea utópica y a largo plazo. El PP asume como punto de partida muchas sugerencias del valioso informe del Consejo de Estado sobre reformas constitucionales, realizado a petición del Gobierno. Pero sabe que debe ir más allá en el reequilibrio de la relación entre Estados y comunidades autónomas una vez se apruebe el Estatuto de Cataluña y los estatutos clones que vengan después, con sus embriones de poderes judiciales independientes y su concepción bilateral en vez de vertical de su inserción en el Estado. A nadie se le escapa que para poner en práctica una reforma de la Constitución semejante, el Partido Popular debe contar con una gran cohesión interna y sus barones territoriales deben comprender que tal iniciativa va en beneficio de todos. Al mismo tiempo, el acuerdo PP-PSOE es imprescindible para reformar la Carta Magna, lo cual hace pensar que hasta que el socialismo gobernante fracase en las urnas y sustituya a su actual dirección será imposible emprender la tarea conjunta de reconstrucción del Estado. La dificultad de la empresa es enorme pero su necesidad es mayor, así que no hay otro camino para un PP -y también para un PSOE- que quieran ser fieles a sus verdaderas señas de identidad.