ANDALUCÍA ha conocido diferentes regímenes a lo largo de su historia. Me refiero, sobre todo, a la Bética, en tiempos de Roma, provincia de la Hispania, y tierra de egregios hombres: Séneca, Lucano, Trajano o Adriano. Y, más tarde, durante el dominio musulmán, Al-Andalus, progenitora de prohombres como Averroes, Abentofail o Maimónides. Pero nunca creí que la tierra de mis ancestros se pudiera transmutar, por obra del mero voluntarismo de su Parlamento, en realidad nacional. ¡Casi na! Lo más que había escuchado era, al día de hoy, su denominación de California de Europa. Pero el proceso mimético no ha hecho más que comenzar, tras la definición de Cataluña como nación. Un desarrollo que recuerda mucho la generalización del proceso autonómico, después el referéndum andaluz en 1981, y los acuerdos de 1981 y 1992. Es más, estoy convencido de que, prestos a acuñar nuevas expresiones constitucionales, algunos responsables del parto estatutario andaluz acabarán por tratar de convencernos de que el mismísimo Manzini -el gran teórico del principio de las nacionalidades allá en el siglo XIX- no pensaba tanto en la unificación de Italia, como todos habíamos erróneamente creído, sino en Andalucía. Estamos perdiendo, la verdad, el sentido común. Andalucía es una de las Comunidades españolas con mayor tradición -sirva el recordatorio, por ejemplo, del Califato de Córdoba o del reino nazarita de Granada-; pero, digámoslo claro, ésta no ha sido nunca una nación, ni menos este extraño híbrido, y descafeinado frente a la auténtica nación catalana, de realidad nacional. Andalucía ha formado siempre parte indisoluble de España, y así se ha consagrado desde los inicios de nuestro constitucionalismo. Sirvan, por todas, las palabras con que arranca el artículo 10 de la Constitución de 1812 -promulgada, por cierto, en Cádiz, sede de la Junta Central en la Guerra de la Independencia-: «El territorio español comprende la Península con sus posesiones e islas adyacentes: Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia¿». Pues bien, el futuro Estatuto dispondrá que Andalucía es «una realidad nacional». ¡Olé y olé! Una falsedad histórica, una simbología innecesaria y una expresión difícil de encajar en la Constitución, toda vez que ésta sólo reconoce tres realidades: de un lado, la nación española; y, de otro, sus nacionalidades y regiones. Por ello, nos quedamos, sin duda, con la redacción del artículo 1. 1 del todavía vigente Estatuto de 1981: «Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en comunidad autónoma, en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Unas palabras, estas últimas, que han sido además convenientemente eliminadas del artículo 1 del próximo Estatuto. ¡Qué más da que un 63% de andaluces prefieran mantener el término de comunidad autónoma! La razón no resulta compleja de atisbar. Con tal artificio, Andalucía sirve de coartada política para explicar lo inexplicable: la afirmación de Cataluña como nación. Y, mientras tanto, me pongo a pensar qué dirían de todo esto tantos andaluces ilustres: Istúriz, Martínez de la Rosa, Castelar, Salmerón, Cánovas, Silvela, Alcalá Zamora o Fernando de los Ríos. Seguramente, como nosotros: ¡ozú!