EL NACIMIENTO del Estado de bienestar en España puede situarse en la famosa campaña de los 25 años de paz (1964), cuando el franquismo se propuso romper con la retórica de la Guerra Civil y empezar a vender la idea de un país próspero y moderno. Si hablamos con rigor, el concepto del bienestar sólo es aplicable a las sociedades democráticas. Pero en modo alguno se puede negar que aquel Estado providencia, resultante de las fuertes transformaciones sociales y económicas que experimentó nuestro país en la década de los sesenta, marca entre nosotros el inicio de las políticas sociales. Si entendemos que el bienestar es una cultura, que transforma las estructuras de beneficencia en un sistema de derechos, es evidente que el gran avance del bienestar llegó con la democracia, cuando los ciudadanos empezamos a entender el significado de la igualdad, y cuando las iniciativas de los gobiernos empezaron a estar acompañadas por el progreso económico que siguió a nuestro ingreso en la UE. Por eso, aunque todavía nos falta bastante camino para igualarnos a los países más avanzados, es evidente que los españoles de hoy disfrutamos de una situación privilegiada, que se hace visible en la alta eficiencia de la sanidad, en la generalización del sistema educativo, en las prestaciones por desempleo y en la cobertura de las pensiones. Pero el desarrollo del Estado de bienestar también tiene su cara oculta, en la que se inscriben muchos problemas que antes permanecían silenciados o que eran asumidos por una estructura familiar que ya no existe. En los días que corren estamos tomando conciencia de la enorme cantidad de personas que por edad, discapacidad o enfermedad están en una situación de fuerte dependencia. Y ese es el motivo por el que la carencia de un sistema nacional de dependencia estaba empezando a cuestionar los avances de un Estado de bienestar en el que invertimos la parte más sustanciosa de nuestros recursos públicos. Es cierto que las políticas sectoriales de dependencia ya llevan mucho tiempo instaladas entre nosotros. Y tampoco se puede negar que el proyecto de ley que el Gobierno aprobó ayer parasita en exceso sobre las comunidades autónomas y sobre las contribuciones directas de los ciudadanos. Pero nada de eso le quita la razón al ministro Caldera cuando habla de una verdadera revolución en el Estado de bienestar, que abre un universo de prestaciones al que, de forma directa o indirecta, estamos todos abocados. Por eso es importante que, en medio de la cosecha de naciones que nos trajo la primavera, no pase inadvertida una acción de gobierno que se ciñe a nuestra realidad vital, y que marca, con acierto, el camino del futuro.