LA PRIMERA vez que la ministra de Fomento acudió a Galicia se salió por peteneras y acusó a su predecesor de habernos vendido humo en el Consejo de Ministros que siguió a la tragedia del Prestige. Durante meses, se revolvió panza arriba porque no estaba dispuesta, ni por asomo, a hipotecar una parte del presupuesto de su ministerio en un Plan Galicia con escaso rédito político para una socialista andaluza, en particular, y para el PSOE, en general. Por población, Andalucía o Cataluña tienen casi el triple de escaños en el Congreso que Galicia. Somos un peso pluma en el Estado. Un hándicap que debe estar siempre presente y que explica que los puertos o las industrias gallegas no puedan competir en igualdad de condiciones, porque la modernización de las redes de transporte siempre llega aquí más tarde que a otras comunidades. Cuando se cumplió un año de su mandato en Fomento y forzada por las presiones de la cúpula del PSOE, que vio peligrar sus expectativas electorales en las autonómicas del 2005, la ministra se comprometió a ejecutar en plazo el mismo plan que meses antes había dicho que era humo, y otras lindezas. Sin embargo, a pesar de que antes Aznar y después Zapatero asumieron saldar la deuda de infraestructuras de Galicia, los hechos contrastan con las palabras. Hoy regresa Magdalena Álvarez. Han pasado dos años desde que el Plan Galicia está en sus manos y han escaseado sus gestos de buena voluntad para cumplirlo a una velocidad decente. Por ello, no cabe fiar su ejecución a esta ministra o a la que le suceda, sino a la presión social y a que los políticos de Madrid noten en la nuca el aliento de Touriño, del Bloque y del PP. De todos.