ES CIERTO que cualquier fórmula que se elija para medir la pobreza conlleva siempre cierta dosis de arbitrariedad. Pero con independencia del criterio con que se defina el umbral de renta por debajo del cual se estima que un hogar se encuentra en situación de pobreza, o, si se prefiere una definición más apropiada, en riesgo de pobreza, lo cierto es que en los últimos años se han disparado las desigualdades, tanto entre el norte y el sur como en el interior de los países desarrollados, en los cuales ha reaparecido masivamente la pobreza como consecuencia de la pérdida de peso relativo de los salarios en la riqueza nacional y de la erosión sistemática de los sistemas de protección social. Por eso la encuesta de condiciones de vida 2004, a la que La Voz ha prestado un amplio espacio, y que cifra en casi 580.000 el número de gallegos que viven en situación de pobreza, es más preocupante que sorprendente. En Galicia se dan todas las condiciones que conducen inevitablemente al panorama social que describe la encuesta. En primer lugar, la tasa de paro sigue siendo todavía elevada, y el riesgo de pobreza en cualquier país es siempre mayor entre los parados que entre los ocupados. En segundo lugar, y sobre todo porque cuando el empleo generado es precario, de baja productividad y está mal remunerado, como sucede en Galicia, el paro se reduce, pero el efecto sobre la pobreza es muy escaso. La economía estadounidense constituye un ejemplo paradigmático de mercado laboral con elevada creación de puestos de trabajo, bajos niveles de desempleo y altas tasas de pobreza entre los ocupados. Por parecidas razones, España, pese a haber creado en los últimos años casi la mitad de los empleos de la UE, sigue siendo, junto a Portugal y Grecia, uno de los países con mayores desigualdades en la distribución de la riqueza y con mayor riesgo de pobreza. La baja tasa de ocupación femenina es otra de las causas que explican la pobreza en Galicia. El paro se concentra fundamentalmente entre jóvenes y mujeres, de modo que en muchos hogares los ingresos del varón son los únicos disponibles para mantener a la mujer y a los hijos. Pero cuando esos ingresos son bajos, el riesgo de pobreza es muy elevado para todos los miembros de la familia. Los bajos salarios condicionan también las futuras pensiones, situando en el umbral de la pobreza a miles de conciudadanos mayores de 65 años. Y en relación a los servicios sociales y de ayuda a la familia, Galicia ocupa los últimos lugares en España, lo cual impide la prestación de una ayuda eficaz a los ciudadanos en riesgo y limita drásticamente la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. En resumen, la combinación que exista entre la calidad del empleo generado y los criterios de acceso y la generosidad de las prestaciones sociales explica buena parte de los patrones de la pobreza y la desigualdad. Así, pues, cambiar la dinámica actual debería constituir el reto fundamental del nuevo Gobierno. Ese debería ser el núcleo duro del cambio en Galicia.