Fraga intentó con su Ley de Prensa una normalización del Régimen ante la que Carrero Blanco reaccionó haciéndole responsable de llenar «las librerías de propaganda comunista y atea, los cines de pornografía, y de estriptís los clubs», y contribuyó a dar la impresión de un país «políticamente inmovilista, económicamente monopolista y socialmente injusto».
14 mar 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Treinta años después de su sublevación, Franco aún podía encontrar razones que lo sublevaran. «Yo ya estoy harto de que la prensa despierte cada día preguntándose ?¿qué criticamos hoy??». Eso lo dijo el 4 de noviembre de 1966, ocho meses después de que entrara en vigor la Ley de Prensa, y al cabo de casi un año de que avisara a su promotor, Manuel Fraga, ministro de Información, del servicio que se esperaba de ella. «Yo no creo en la libertad de prensa. Pero es un paso al que nos obligan razones muy importantes». Unas razones cuya importancia nunca estuvo clara para Carrero Blanco ni para Alonso Vega. Todos los debates sobre la Ley de Prensa habían girado, en realidad, en torno a una cuestión mucho más tangible que la noción de una libertad que el Régimen pronunciaba siempre como libertinaje. El Régimen apenas dudaba de su capacidad para prolongar su existencia sin entenderse con los demás o como si los demás no existieran. Pero también tenía clara la imposibilidad de funcionar sin entenderse consigo mismo o con la sociedad que cabía considerar como el resultado del Régimen, su efecto y consecuencia. El franquismo necesitaba unas reglas para el diálogo consigo mismo que no permitieran la entrada de las opiniones externas ni dieran salida a las críticas internas. Esa cuadratura del círculo en el que la crítica era ya amenaza, y la opinión publica entrañaba el perfil de los partidos políticos, se resolvió mediante el traslado de la censura previa a la definición de responsabilidades establecida por los tribunales. Así, la dependencia del llamado cuarto poder quedaba sujeta a la vinculación política del poder judicial. En ese último término, Franco fue tajante respecto a la responsabilidad contraída por los directores de periódicos con todo cuanto publicaran, dejando perfectamente abierta la posibilidad de cerrar y confiscar los periódicos, añadida a cualquier pena. Era un juego que se movía entre las diversas teorías de lo imposible y las afanosas estéticas de los posibilismos. Un campo en el que Fraga era consciente de que no había modo de hacer milagros, aunque no por ello desistía de lograr algún efecto tan pasmoso como el de introducir el evolucionismo en un régimen que desconfiaba hasta de su desarrollo. Y algo de pasmoso logró, como, por ejemplo, llevar a los escaparates de las librerías los libros de un catedrático de economía inglés llamado Maurice Dobbs, que era el responsable de la célula comunista en Cambridge, legendario fundador del Partido Comunista de Gran Bretaña, y miembro de su comité central. Ya fuera esa apertura mínima, despistada o tan sólo imaginaria, lo cierto es que su portazo le dio a Fraga en las narices tres años después, cuando Carrero Blanco lo hizo responsable no ya del caso Matesa, sino también, y sobre todo, de haber amparado y promovido una Ley de Prensa que era un ataque «a la forma de ser de España y a la moralidad pública». La cartera de Información pasó a Sánchez Bella, que durante su embajada en Roma había mantenido a Carrero Blanco informado sobre las relaciones entre Castiella y el Vaticano. No deja de resultar curioso que aquella cartera de Fraga estuviera entonces a punto de recaer en Adolfo Suárez.