TERMINAR con una organización terrorista que tiene más de 40 años de existencia, un número razonable de miembros y un cuantioso y sostenido número de adheridos y simpatizantes que están de acuerdo con las finalidades que persiguen, aunque no siempre con sus métodos, no es una cuestión sencilla. De hecho, no ha habido ningún Gobierno, como no podía ser de otra forma, que no haya intentado con todos sus medios terminar con la banda, hasta ahora sin éxito. Así, aunque no nos guste, la realidad es que ETA subsiste y que cada poco saca la garra recordando que aunque hace más de mil días que no mata, puede hacerlo en cualquier momento. Y lo más sencillo para intentar acabar con la organización terrorista es continuar con la política policial-judicial, que viene siendo exitosa, y que ha logrado que ETA esté más debilitada que nunca. Sin embargo, creo que hay que aceptar que esa táctica seguida, sin introducir nuevas variables, no garantiza, ni mucho menos, un final feliz a medio plazo. Se ha afirmado infinidad de veces que los terroristas estaban a punto de ser vencidos y siempre ha resultado frustrante el chasco de ver el siguiente atentado. Por eso, ahora que la banda está debilitada, es el momento de hacer movimientos audaces. Y audaz es, en mi opinión, taparse la nariz y negociar. La cuestión es delimitar qué se puede negociar. La respuesta es que hay cosas innegociables y otras, como la salida paulatina y escalonada de presos previa la disolución de ETA y la entrega de las armas, que son negociables. Es muy cierto que negociar con delincuentes es muy duro -sobre todo para la víctimas- y que conlleva riesgos, pero también lo es, sobre todo moralmente, dejar pasar una oportunidad para la paz. La liquidación del IRA, con muchos muertos a su espalda, fue también un proceso doloroso, pero hoy los irlandeses se acuerdan más del resultado y de que la pesadilla ya ha terminado que del hecho de recordar que asesinos fueron puestos en libertad. En el laberinto que supone una negociación con terroristas hay interlocutores, como Otegi, que se creen con derecho a instar la violencia, retando al Estado de derecho en un torcimiento insostenible, lo que le hace acreedor a que se tomen medidas judiciales contra él; entre ellas la prisión, que parece que inevitablemente se decretará. Pero por muy valiosa que sea la necesidad de personajes como él en un proceso de esas características, Otegi ha de saber que el Estado democrático tiene sus reglas de juego, que no se pueden vulnerar por más que nos pueda conducir a la casa del dragón oculto en el laberinto.