EN CHINA aumentan los problemas internos por la ausencia de libertades públicas a una velocidad inferior a la de su crecimiento económico anual, pero aumentan. Y esta subida lenta pero constante se traduce en huelgas de hambre de cientos de disidentes que protestan en sus casas o en sus centros de trabajo contra la creciente represión que sufren los militantes de los derechos humanos, principalmente abogados y periodistas. La fábrica del mundo globalizado se abre a los mercados internacionales y a las reglas del comercio, pero empuja sus puertas con fuerza para que no las traspasen las exigencias elementales del albedrío humano. La apuesta está en saber por cuánto tiempo mantendrá cerrados los postigos el régimen comunista frente al empuje de los contrarios, que quieren abrirlos de par en par para establecer una democracia política con todos sus atributos: elecciones libres, libertad de prensa y de opinión, y separación de poderes. Para que esto ocurra será necesaria la colaboración de los países democráticos, que hasta ahora prefieren que sus empresas hagan negocios con el gigante chino antes que defender las libertades de esos ciudadanos. Es el caso de grandes y medianas marcas, y de compañías de Internet como Google, Yahoo, Microsoft y Cisco Systems, que a cambio de ganar dinero en el suculento mercado chino aceptan la censura que les exige el Gobierno de Pekín porque «en un mundo imperfecto tuvimos que tomar una opción imperfecta» (sic-Google). A todas estas multinacionales les ha sacado algo más que los colores un comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, calificándolas de «brigada de censores» y acusándolas de connivencia con las autoridades chinas por aceptar la censura, y de avariciosas por anteponer los beneficios económicos a la libertad de expresión. Como no hay mal que por bien no venga, estas malas prácticas han servido para impulsar una ley que prohibirá el ejercicio de la censura por Internet a las empresas estadounidenses. La Global Online Freedon Act establecerá como premisa fundamental la prohibición de ofrecer servicios censurados en terceros países. Compañías como las llamadas en causa al Capitolio no podrán ubicar sus servidores dentro de territorio de países que, como China, Irán o Vietnam, mantengan restricciones de acceso a Internet. Y otros como Cuba, Arabia Saudí y diez más, calificados de «restrictivos», serán, sometidos a evaluaciones anuales. ¡Qué bien!