SI EL urbanismo es apuesta de convivencia racional entre personas, territorio y medio ambiente, debemos reconocer nuestro fracaso. Habrá que estudiar y corregir, pues, la ineficacia de las instituciones responsables, las consecuencias de una legislación liberal, así como los costes de mantener y reproducir una incultura urbanística interesada en la población. Esto ayuda a comprender mejor los problemas y las amenazas del urbanismo vigente. Las Administraciones que diseñan y gestionan el urbanismo son, básicamente, la comunidad autónoma y los municipios. Y ambas funcionan con deficiencias, salvo excepciones, porque la claudicación fue práctica común. La reproducción política primó casi siempre sobre la disciplina y la responsabilidad. El resultado final es una debilidad institucional evidente para regular, liderar y gestionar el planeamiento urbanístico. Así, con anterioridad a la Ley 6/1998 sobre el régimen del Suelo y Valoraciones, un plan general tenía que ajustar la dimensión del suelo urbanizable a la realidad del crecimiento urbano, a un plazo concreto y a los condicionantes y costes de los sistemas generales. Después de la citada ley, el suelo urbanizable es un resto mayoritario (entre lo urbano y lo no urbanizable) que genera efectos perversos. Porque si la mayoría del suelo municipal pasa a ser edificable, acotar el no edificable genera resistencias crecientes, por muy sólidas que sean las razones sociales, económicas o ambientales que lo justifiquen. O sea, que la inspiración neoliberal de la legislación vigente generaliza las expectativas de obtener rentas urbanas, aumenta el individualismo frente a la razón social, debilita a las instituciones y otorga al mercado inmobiliario la presunta virtud de resolver la sostenibilidad y el problema de la vivienda. La clave era ampliar el suelo urbanizable para reducir precios y fortalecer la competencia. El fracaso es total: hay ya 3,5 millones de viviendas vacías, una atroz especulación inmobiliaria, un litoral amenazado, precios de la vivienda por las nubes e instituciones públicas cada vez más frágiles. Dos ejemplos ilustran el disparate. El primero es el número de viviendas edificables que se asocian al nuevo plan general. En diez años algunos municipios podrían duplicar la población, pese a que en los diez anteriores apenas la mantuvieron. El segundo hace referencia al tipo de alegaciones que los vecinos presentan. Porque su vuelo es ya muy rasante, gallináceo, triste. El interés general no existe. La incultura urbanística crece. Todos somos ya especuladores. Por eso hay que dar sentido al suelo urbanizable y reforzar la dimensión pública del urbanismo. La Administración autonómica tiene que dirigir, gestionar e incentivar tan urgente proceso.