ESTE periódico informaba ayer de la peripecia de Clarence Hill, un preso norteamericano que se libró de ser ejecutado por segundos. El hombre ya tenía la vía abierta en la vena y el verdugo la inyección lista y, como en las películas, justo antes de la inoculación del veneno, llegó una orden suspendiendo la ejecución. No fue una concesión de clemencia y mucho menos un indulto. Si Clarence Hill se salvó el martes de morir fue porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos no tiene claro si clavarle una inyección mortal a un ser humano es un acto de crueldad e inhumanidad. Y hasta que no lo decidan, no pueden matar a Clarence. Así que uno se puede imaginar a unos sesudos juristas discutiendo si el daño que hace un pinchazo es constitucional o no. Aunque seguramente a Clarence, (que será culpable o no, que ya se saben las cosas extrañas que pasan con la justicia en EE. UU. singularmente con los negros), le importa un bledo la constitucionalidad del pinchazo. Seguro que él recibiría gustosamente cien pinchazos siempre y cuando por la aguja no se deslizara el líquido que le ha de matar. Estas espeluznantes paradojas se dan con mucha frecuencia en la capital del imperio. El otro día ejecutaron a un anciano al que ya le habían salvado la vida más de una vez en prisión, para poder matarlo en sumomento y en las mejores condiciones. Por lo visto, se trata de una cuestión de principios: Hay que matar, pero siempre respetando los derechos humanos.