EN LA ESPAÑA de hoy no existe ninguna posibilidad de que un pronunciamiento militar usurpe el poder legítimo e imponga una dictadura. Pero hay muchas oportunidades para que un militar se exceda en la interpretación de sus deberes y cree una incomodidad política que nos deberíamos ahorrar. Por eso llevo mucho tiempo llamando la atención sobre el enorme error que comete José Bono al apadrinar rituales y retóricas en las que el Ejército aparece como un órgano interpuesto entre la Constitución y los ciudadanos, como si el honor y la lealtad fuesen patrimonio preferente de los funcionarios uniformados. Si no queremos tocar el artículo 8 de la Constitución, y si queremos resolver el problema que plantea mediante una lectura benévola de su contenido, es obvio que el Ejército sólo puede ser entendido como una burocracia especializada en el uso de las armas que, bajo la autoridad del Gobierno constitucional, defiende la independencia y la integridad de la patria. Porque si vamos un poquitín más allá, y si seguimos insinuando que las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas contra un hipotético enemigo interior, es obvio que destapamos la caja de Pandora y que nadie puede controlar las elucubraciones que siguen a tan delicado juego. Ayer mismo tornó Bono a las andadas. Y otra vez volvió a hacer demagogia con la defensa militar de la España constitucional y con las interpretaciones -coloristas y demagógicas- de lo que tal oficio significa. La idea de cumplir y hacer cumplir las leyes, que todos los funcionarios hemos jurado, no implica un decorado de color caqui, sino el normal funcionamiento de las instituciones -políticas, legislativas y judiciales- que disponen de legitimidad y fuerza para ejercer sus responsabilidades. Y por eso me parece una enorme estupidez que, para lucimiento y gloria del mayor demagogo de España, tengamos que soportar un discurso rancio y estéril que sigue describiendo al Ejército, igual que en tiempos de Franco, como la superpolicía del régimen constitucional. Por si algo faltaba, también ayer se volvieron a mezclar las elucubraciones sobre la patria y sus garantías con el prosaico debate sobre las retribuciones de las Fuerzas Armadas. Porque, aunque es obvio que esa cuestión debe tratarse de forma urgente y conveniente, en modo alguno puede darse la sensación de que ambas cosas -descontento profesional y descontento patriótico- están unidas o relacionadas, como si el ruido de sables se convirtiese en un mecanismo de presión para una falsa negociación colectiva. Las Fuerzas Armadas son una pieza muy seria del Estado, y jamás deberían depender de un ministro dicharachero, que aspira a ser el candidato alternativo.