HAY municipios en los que se practica un urbanismo de finca privada. En ellos, el respeto al paisaje, a las zonas de esparcimiento, a los sistemas viarios y a los más esenciales servicios comunitarios sucumbe ante la desaforada actividad constructiva. Apelar a la autonomía de los ayuntamientos para rechazar la intervención de la Xunta no hace más que subrayar la práctica política de la defensa de la finca municipal particular. Al respaldar la actuación del Ejecutivo, el Tribunal Superior no deja resquicio para más dudas que las que se proyectan sobre los cauces ordinarios, los establecidos en la Lei do Solo, de control de los agentes que intervienen en la gestión urbanística. Algo falla cuando los mecanismos extremos alcanzan rango de normalidad.