EL SÍNDROME de la Moncloa ahora alcanza también a poner en circulación vocablos cuyo significado se ignora, sin molestarse previamente en echar una ojeada al Diccionario de la RAE. Así es natural que prestigiosos custodios del importante documento le hayan dado un buen revolcón al Rodríguez Zapatero de los ocho misterios, que cuando se decide a desvelar uno resulta que consiste en cambiar la Constitución para que los disminuidos pasen a ser discapacitados. Puro nominalismo... y además con errata en origen. Los académicos que no dicen que se trata de términos equivalentes, van más allá para asegurar que el cambio puede ser a peor. Buen número de políticos se han empeñado en sacralizar sus palabras, que no las palabras en general. Y creen que sanan, como en la Biblia, siempre que salgan de su boca. Si en lugar de cambiar la nomenclatura modificaran la realidad, no estarían más de la mitad de los disminuidos sin ocupar las plazas que por ley deben reservarles las empresas. Y si se dignificara el trabajo y no el nombre de las profesiones, mejorarían los investigadores de mil euros y las peluqueras que además de hacer jornadas agotadoras por un sueldo de miseria tienen que llevar de casa el secador... y hasta repararlo a su costa. Les iría mejor a otros muchos, por supuesto. Puñetera gracia les hará a los tinerfeños lo mucho que se debate sobre el Estatut de Cataluña, al que se le han dedicado ya cientos y cientos de horas más que a resolver el apagón de la isla. Finalmente, uno tiene la impresión de que muchos de estos políticos que nos ha tocado padecer, no quieren echar a la Iglesia de la enseñanza, digan lo que digan los maledicentes. Pretenden desalojarla de los púlpitos, que tradicionalmente le han dado mucha credibilidad a la palabra. Esa capacidad de hablar generando confianza en el que escucha, que la mayor parte de nuestros hombres públicos parecen haber perdido para siempre. Están disminuidos, salvo que a Zapatero le parezca retrógrada la expresión.