EL ACTUAL modelo policial español se estableció en 1986 en la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se trata de un modelo que distingue tres niveles de prestación del servicio público de seguridad: estatal, autonómico y local. El estatal, cuyas competencias se ejercen a través del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil; el autonómico, reservado a aquellas comunidades cuyos estatutos recogían en su articulado la posibilidad de creación de cuerpos de policía propios (Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia), y el local, cuyas funciones desempeñan las policías locales. Razones históricas, sociológicas y sobre todo coyunturales propiciaron la puesta en marcha y posterior desarrollo de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, la Policía Foral en Navarra y la Ertzaina en el País Vasco, mientras que Andalucía, Galicia y Valencia optaron por la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía con dependencia funcional de los órganos de gobierno de las respectivas comunidades, al mismo tiempo que Canarias desistió de una u otra fórmula. Esta pequeña introducción nos sitúa en la referencia histórica reciente, en cuanto al modelo policial en general, y permite además una visión específica del servicio público de seguridad en nuestra comunidad. Un acuerdo de colaboración suscrito en 1991 entre la Xunta y el Ministerio del Interior propició la adscripción a la comunidad autónoma de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía con 157 funcionarios, incrementada en dos ocasiones; la primera hasta 300 y una segunda hasta 500, número con el que debería contar en la actualidad. Desde una perspectiva profesional hay que convenir que la adopción de este modelo de integración plantea infinidad de ventajas con respecto al modelo de sustitución de Cataluña y el País Vasco. ¿Tienen más seguridad los ciudadanos de ambas comunidades por el hecho de disponer de un cuerpo de policía propio? Rotundamente no. Otras son las razones, comprensibles en su creación, discutibles y censurables en su funcionamiento. A nadie se le escapan las dificultades de colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad en supuestos especialmente graves, que en definitiva perjudican a los ciudadanos. Estas situaciones no se han producido en nuestra comunidad, salvo algún caso puntual y aislado que no empaña la brillante labor propia y de colaboración desarrollada por los profesionales de la Unidad Adscrita. No siempre acompañada por el respaldo político necesario y deseable. ¿Por qué no se ha dotado a la Unidad Adscrita de los medios necesarios? ¿Qué razones impiden la dotación de personal prevista? Alguien está especialmente interesado en dificultar su funcionamiento, tal vez para justificar el modelo de sustitución. El modelo gallego actual es, cuando menos, igual de eficaz, desde el punto de vista policial, siendo el primer beneficiado el ciudadano. Estas razones parecen más que suficientes, pero existe otra de amplio calado social y a la que tendrán que responder nuestros representantes políticos. La puesta en marcha del modelo de sustitución cortaría de raíz las expectativas de miles de gallegos emigrantes y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que esperan ansiosos poder reintegrarse a su Galicia natal para desarrollar su vocación de policía al servicio de sus paisanos.