CUANDO una familia sufre el fracaso escolar o vital de un hijo no se acusa directamente al Estado o al Gobierno, aunque puedan existir omisiones políticas. La responsabilidad primera, si hay un análisis sincero y valiente, está en el ámbito familiar. Esto certifica la tremenda responsabilidad que tienen los padres a la hora de educar a sus hijos. Hablamos de tareas asequibles para todos, pero nada fáciles, y menos en estos tiempos. La educación es para todos un derecho y un deber. Y el Estado tiene la obligación de respetarlos, protegerlos y facilitarlos. Nada hay más importante para unos padres que la educación de sus hijos, deseando que culmine siempre en un modelo vital, acorde con unos principios, de distinto matiz, pero siempre en el ámbito equilibrado de la conciencia y la legalidad. Para el logro de ese estilo vital los padres se apoyan en la educación impartida en los colegios. Ese derecho, acompañado de la libertad de elección, está reconocido en la Constitución y en numerosos tratados internacionales. La ruptura de este principio, la quiebra unitiva entre padres y centros; en definitiva, la conculcación de la libertad educativa es uno de los puntos más graves de la nueva Ley Orgánica de Educación que el Gobierno socialista quiere poner en marcha a partir del próximo curso, apoyado, una vez más, por esa mezcla tan representativa en España de minorías independentistas e izquierdas trasnochadas. El resultado, una ley alejada de las aulas y basada en teorías pedagógicas desfasadas e insensatas, condenadas al fracaso. El nuevo proyecto educativo socialista se ha elaborado sin consenso, se remitió con otro texto al Consejo de Estado, no tuvo en cuenta las consideraciones del Consejo Escolar, se aprobó por sorpresa en verano y ha conseguido el rechazo unánime de padres, docentes, centros, estudiantes, católicos, etcétera. La pasada semana se rechazaban las enmiendas a la totalidad, y numerosas organizaciones educativas han convocado para hoy una manifestación en Madrid que contará con la participación de miles de gallegos. Numerosos padres pensamos, como los convocantes, que la futura LOE desconoce los derechos y libertades que en materia educativa reconoce nuestra Constitución. Además de ir contra la libertad de educación, la nueva ley establece una serie de medidas que a juicio de muchos supondrán un empeoramiento de la calidad de la enseñanza, y un aumento del fracaso escolar. Por otra parte, ampara las ausencias colectivas a clase, por encima del criterio de padres o profesores; no habla casi nada del papel de los docentes, y también brillan por su ausencia medidas para suprimir la violencia en las aulas. Margina las clases de religión, establece una nueva asignatura que nos recuerda la famosa FEN (Formación del Espíritu Nacional) y establece una ruptura o desvertebración del sistema educativo español al dar pie al establecimiento de 17 sistemas educativos en otras tantas comunidades autónomas.