A PESAR de lo denostada que está la clase política, nadie duda de que unos buenos políticos son necesarios para que una sociedad funcione bien; máxime si nos encontramos en situaciones difíciles, como cuando se enfrentan deseos y realidades y se contraponen lo que Max Weber denominó la ética de la responsabilidad y la ética del compromiso. La generalidad de la sociedad española tiene como evidente que la inmigración sin control hace imposible a medio plazo la vida en los países receptores. Si los inmigrantes que desesperadamente desean saltar la valla del hambre a la riqueza lo consiguieran, habríamos abierto una autopista a la entrada en tropel de África en Europa y eso, más allá de cualquier otra consideración, no es posible; mañana serían miles o millones, lo que, por duro que sea el impedirlo, el justificarlo, o el escribirlo, hay que evitar. Hasta aquí la ética de la responsabilidad exigible a nuestros dirigentes, que deben y ponen los medios para que no sea posible la entrada de ilegales en el país. Cuestión distinta es qué hacer con los que ya han entrado. El devolverlos sin más, para que otro, del que sabemos sus malos modos, los abandone en el desierto o similar, no es propio ni de los bárbaros del norte. Hace unos días, el conjunto de los países desarrollados no fue capaz de pasar de las palabras a los hechos en la cumbre de las Naciones Unidas contra la pobreza, por más que algunos hablaron de éxito. El hambre en el mundo salió de la cumbre de Nueva York no ya sin soluciones, sino con pocas perspectivas de arreglo a medio plazo. Las sociedades occidentales han dejado una vez más al subdesarrollo abandonado a su suerte. Pero a España no le cabe una actitud omisiva, ni debe ampararse en la conducta de los demás. Nuestra situación geográfica, frontera del paraíso, obliga a actuar. Probablemente no haya decisiones balsámicas, pero desde luego la peor de todas es no hacer nada. La ética del compromiso debe operar junto a la de la responsabilidad. Como acaba de decidir el Gobierno español, conocido el trato dispensado a los primeros inmigrantes devueltos a Marruecos, no se puede seguir entregándolos allí donde se vulnera gravemente el derecho a la vida y/o los derechos más elementales. Al tiempo y sin demora, parece imprescindible, como se ha anunciado, establecer convenios de colaboración y entrega con los países de origen, exportando elementos o bases generadoras de riqueza. Responsabilidad a secas y mirar para otro lado no es posible a estas alturas de los tiempos; hay que hacerla compatible con nuestro compromiso de personas.