EL GOBIERNO del señor Zapatero ha anunciado a la banda terrorista ETA, a sus amigos del PNV y a sus socios del tripartito, que abandona las armas y se rinde sin condiciones. Vacatio legis, decían los juristas de antes de la LOGSE que se llamaba esta figura, en la que existe un vacío de legalidad o bien la existente no se aplica por falta de medios o de voluntad de hacerla respetar. Como dicen los nacionalistas vascos con su descarado desparpajo: las leyes se obedecen pero no se cumplen. En realidad no debería extrañarnos: lo que pasa son las secuelas del 11-M. Los que perpetraron el terrible atentado sabían a quién estaban tratando de aupar al poder sobre la sangre, el horror y los escombros. Confiemos en que la Providencia divina, ya que en otra cosa no cabe creer, nos permita salir de este trance con algo de bien y dignidad. Pero si de este Gobierno cabe esperar cualquier cosa, y con el precedente de Irak no es de extrañar que ordene una valiente retirada de las Vascongadas después de auto-condecorarse, lo más trágico es que el enfermo padece un fracaso plurifuncional agudo. No ya el Ejecutivo, o el Parlamento donde se representa la comedia bufa de la soberanía nacional, si no que hasta el poder judicial parece mostrar síntomas de ese fracaso. El pueblo soberano del cual emana la justicia puede ver con asombro que en los temas de antiterrorismo parece mirar hacia otro lado. No sólo se ha roto el Pacto antiterrorista y se ha acabado con la política de acoso a los etarras y sus amigos que había puesto a la banda criminal en posición difícil. Es peor. Ya no parece obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes, como dice la Constitución semi vigente, ni el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde ya en exclusiva a los jueces. La credibilidad las instituciones españolas está bajo mínimos. Pero en realidad esto se nos profetizó durante la primera etapa socialista: «A España no la va a reconocer ni la madre que la parió».