EL PRESIDENTE del Lalín tuvo que depositar una fianza de 60.000 euros para evitar el ingreso en prisión. No se le acusa de haber agredido a ningún árbitro ni de nada relacionado con el noble arte del balompié, sino de un presunto delito de inducción a la prostitución como copropietario -el dice que «ex»- de un puticlub. Alguien pudiera pensar que esta detención puede quedarse en uno de esos clásicos palotes que tradicionalmente inflaban las estadísticas policiales. Puede que sí o puede que no. Eso lo dirá en su día el juez, porque en esto las cosas han cambiado. La reforma del Código Penal de diciembre del 2003 prevé penas de hasta 12 años de cárcel para los que inciten y/o se beneficien de la prostitución... Y, por fin, ¡ya hay jueces que la aplican!