LA DEMOCRACIA (y la Constitución) exigen que los impuestos y el gasto público se distribuyan con justicia, eficacia y transparencia. En caso contrario -se podría pensar- habrá reacciones diversas desde la política y la sociedad, ya sea porque se intensifica la lucha contra el fraude y la inequidad, ya porque las organizaciones sociales exijan a los gobiernos respectivos el cumplimiento estricto de las leyes, unos resultados periódicos y cuantificables de las medidas correctoras adoptadas o bien porque penalizan con su voto la negligencia y la incapacidad. Sin embargo, debemos reconocer que las cosas son aquí distintas. La justicia fiscal es un bien escaso y esa ausencia daña siempre la sensibilidad. Veamos tres ejemplos ilustrativos. 1. Todos los años numerosas personas defraudan a la hacienda pública, vía IRPF, al declarar menos ingresos de los que en realidad obtienen. Pero buena parte de esas declaraciones fraudulentas se utilizan después para solicitar becas universitarias que, en su caso, garantizan la gratuidad de la matrícula y un dinero adicional. Estamos, pues, ante un triple fraude de rentabilidad elevada e incentivos perversos (se engaña a la hacienda pública, a la universidad y a la administración educativa). Por razones de sentido común, la inspección tributaria debería ser aquí implacable y publicar los casos investigados. Sería justo y necesario. 2. En lo que atañe a disciplina urbanística, el escapismo municipal y autonómico constituye otro ejemplo lamentable de injusticia social y fiscal. Así, cuando una persona construye una vivienda ilegal que la administración no derriba ni sanciona con la multa correspondiente, está recibiendo de hecho un tratamiento privilegiado con respecto a los que cumplen la ley, puesto que no sólo se le permite obtener importantes plusvalías, sino que además evade los tributos municipales (licencia de obras e impuesto de construcciones) que si afectan al ciudadano cumplidor. Este desatino e irracional distribución de cargas y beneficios asociados al proceso urbanizador, es un lastre pesado que padecemos y que debe corregirse con urgencia. 3. En el municipalismo gallego existen prácticas y vicios asentados por políticas injustas e ignoradas. Así, abunda el municipio con organización deficiente, tributo escaso, débil transparencia, abundante rogativa, mucha subvención y, en ocasiones, poco diligente en rendir las cuentas. Pero cuando la renta disponible per cápita oscila entre el 70 y 90 por cien de la cifra media española, es difícil justificar impuestos que representan sólo el 20 o 40 por cien de los tributos que aplican los municipios españoles de población similar. Es otra tarea ingente que exige también sensibilidad, cambio y firmeza.