LA Policía y la Guardia Civil gozan de merecido prestigio entre la ciudadanía española, como han puesto de relieve numerosos sondeos en los últimos años. Esto constituye una buena noticia. Sin embargo, un episodio como el ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) nos ha traído estos días ecos de tiempos oscuros en que las fuerzas encargadas de la represión no gozaban de igual estima, sino que causaban auténtico temor entre una buena parte de la población (sobre todo en aquellas aldeas gallegas en torno a las que sobrevivían escapados o fuxidos de más o menos renombre en nuestra posguerra civil). Son las negruras de las que venimos, y por ello valoramos tanto la situación actual, que, sin ser perfecta, tiene mucho de satisfactoria. Basta con echar un vistazo a la ausencia de escándalos recientes para trazar una línea favorable en las coordenadas de evolución. Lo de Roquetas de Mar, que se saldó con la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano, está en manos de la Justicia. A ella le corresponde investigar y juzgar el caso. Hasta el momento, los ciudadanos hemos visto la cara menos amable del asunto: el corporativismo de los guardias, lo que el ministro del Interior ha llamado «cierta resistencia a la investigación» y otras actitudes autoexculpatorias. Son reacciones que pueden provocar rechazo, pero que eran esperables. Lo importante ahora es que la investigación progrese y que la Justicia aclare y depure las responsabilidades, sin excesos de ningún tipo, pero también sin consentir ninguna impunidad. Nuestras fuerzas de seguridad están para protegernos y proteger la sociedad en la que convivimos y votamos libremente. Su deber de perseguir al malhechor, al delincuente, al terrorista, está en el eje crucial de su labor. Pero también lo está el deber de hacerlo conforme a las normas que nos hemos dado y que deben de ser suficientes para que puedan llevar a cabo su tarea con eficacia. Por eso en este caso está bien que el ministro del Interior acuda a dar explicaciones en el Congreso, y que los ciudadanos sepamos que en nuestro sistema impera la justicia, y que no hay lugar para la impunidad.