HACE UNOS meses, durante la presentación por parte de Alfonso Guerra de su libro de memorias, el ilustre ex vicepresidente socialista soltó una de sus perlas: «H ay que ir contra los ricos y los poderosos» . Frase que dejó caer solemnemente al lado de su correligionario el alcalde Paco Vázquez, que encajó el golpe con estoicismo. Pero al veterano político sevillano tampoco parece que le haga mucho caso ZP y su Administración tributaria. Coincidiendo con el final de la campaña de la renta, el Congreso aprobó una enmienda con el voto socialista por la que quedaba claro el apoyo del PSOE a las grandes fortunas, al menos las adictas. Así, será la CNMV quien decida si una sociedad de inversión en capital variable, conocidas como SICAP, cumple o no con su cometido, o si debe ser revocada. Y aún más, será también la CNMV la que otorgará o denegará permiso a Hacienda para investigar. Algunos ven en ello la mano de Solbes, quien suele ser considerado como la carabina o personaje de respeto en el Gobierno que evita ciertos desmadres con las cosas de comer. Pero esta especie de semiamnistía fiscal encubierta para los « ricos poderosos», como los llama Guerra, quizás avecina algunas vueltas de tuerca fiscal más para la sufrida clase media, que tendrá que aumentar su forzosa contribución a tanto gasto, cuando el petróleo está a 60 dólares el barril, Europa tocada y el maná de los fondos comunitarios pueda pasar a mejor vida. Y es que con tanto señuelo de estatutos creadores de naciones, bodas de homosexuales, ninguneo de sociedad civil o negociación con los terroristas y nacionalistas, a veces no prestamos la atención debida a los procesos de politización de la Administración, cada vez más lejos de sus principios de actuación definidos en el artículo 103 de la Constitución. Se prevé que aumenten la discrecionalidad, que otros llaman arbitrariedad, y la igualdad ante la ley, pero siempre que unos sean más iguales que otros.